Desde que en 2015 el Ministerio de Hidrocarburos anunciara el levantamiento de la protección de las Reservas Naturales, Tariquía estaba en el centro de la diana, no solo porque ya existieran informes prospectivos del terreno anterior a los años 90, cuando se constituyó el Área Protegida, sino porque las inversiones realizadas en Tarija para el procesamiento del gas de San Antonio y San Alberto empiezan a ser infrautilizadas ante el declinamiento de ambos campos. No es casual que el área se haya entregado a Petrobras, en alianza con YPFB Chaco, quien de alguna forma pretende completar el contrato de exportación con Brasil, al que le restan 1.7 TCF por honrar, con su propia producción n territorio boliviano, completando ese paradigmático papel de ser a la vez productor y comprador.

El sigilo actual con el que se llevan las operaciones contrasta con la fanfarria con la que se han venido gestionando todos los pasos previos; una consecuencia derivada del rechazo que generó la presentación del pretendido proyecto.

Sin tener siquiera pretendiente para hacer la exploración, el Ministerio de Hidrocarburos empezó a publicitar sus bondades en forma de las habituales cifras exorbitantes de inversión – que al final nunca quedan en el territorio más allá de alguito de catering y algunos empleos de chofer o sereno – y las igualmente desmesuradas previsiones de ingresos, de las que el 89% se van a La Paz. El resultado era predecible, los comunarios del núcleo rechazaron de entrada y pidieron información previa además de la prescriptiva consulta previa que menciona la Constitución Política del Estado. En la ciudad de Tarija el rechazo fue todavía mayor, cansados de promesas y cifras inimaginables que al final pasan y no resuelven nada. Eso sí, en los lugares donde se pretende perforar, se alimentó la posibilidad de modificar la Ley 3038 y entregar recursos de forma directa a los municipios donde se desarrolle el proyecto exitoso, algo que movilizó a algunos sectores a favor del proyecto, aunque el propio Evo Morales pusiera paños fríos sobre la modificación de la Ley.

Antes de entregar a Petrobras ya se había dado una marcha ambientalista de rechazo con relativo éxito, que hizo dudar a la propia empresa brasilera. El propio Ministro Luis Alberto Sánchez anunció entonces que se la quería dar a Gazprom. Con el mismo ruido, se entregó a los brasileros a finales de 2017 y se firmaron los convenios en abril de 2018, con Evo Morales de testigo en Bermejo del alboroto.

El afecto por el proyecto no ha crecido nada en Tarija e incluso se empieza a dudar de que sea un buen negocio en estos tiempos en el que las decisiones se miden más en rentabilidad política que en rentabilidad económica.

Las petroleras están a las puertas de Tariquía. Es tiempo de que los políticos de todos los colores se manifiesten al respecto y dejen claros sus planes sobre la exploración y el medio ambiente.