1. La independencia de órganos ha sido violentada por el gobierno del MAS, que cooptó todos los órganos de poder incluido su protector Tribunal Constitucional, al extremo de violentar la voluntad ciudadana mediante una interpretación dirigida, posibilitando una tercera reelección inconstitucional 2015-2020.

2. La violación a la soberanía del Pueblo, como único titular para reformar el texto, el 21-F fue desconocido por el tribunal protector del proceso de cambio y no de la CPE. Esto significa la ruptura de la democracia directa ejercida mediante referéndum. Significa la destrucción de las dos únicas formas de reforma, parcial y total, porque se dejó sin efecto artículos de la CPE que ponían límites a la reelección por una sola vez de los cargos políticos electos.

3. El modelo de Estado con autonomías fue violentado por la centralización del poder, en competencias y recursos; se centralizaron competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, y se han transferido obligaciones del nivel central para ser financiadas con recursos de las regiones, el resultado es: gobiernos autónomos endeudados, pidiendo desesperadamente aval central para endeudarse más. El Estado autonómico solo es un concepto. El pacto fiscal no existe ni en proyecto.

4. El Estado plurinacional de 36 pueblos indígenas, con justicia ordinaria e indígena diferenciadas, tiene toda su institucionalidad destruida. La protección y autonomía de sus territorios fue sometida a la extracción de sus recursos naturales por encima de la garantía constitucional. La jurisdicción indígena no ha sido implementada. Su institucionalidad de representación en manos del poder político y la prebenda.

5. El cambio constitucional de la justicia colocó al Estado plurinacional como un estado carcomido por la corrupción y la impunidad, una dirigida selección de candidatos y la falta de legitimidad de sus ‘elegidos’ la destruyó.

6. Los cambios de la CPE en materia de lucha contra la corrupción y el daño ocasionado en el ejercicio del poder, donde el daño económico al Estado no prescribe y se investigan los hechos ilícitos de manera retroactiva, ha sido violentada por la cooptación de instituciones medulares: Fiscalía, Contraloría y Procuraduría administradas por el Gobierno, violentando la independencia de los órganos y colocando al país en el puesto 29 de los 100 más corruptos de Latinoamérica. En materia constitucional, la ignorancia no sirve como prueba de descargo, el presidente, conforme al art. 172-1 de la CPE, jura cumplir la Constitución y las leyes.

En 10 años se ha vulnerado la naturaleza y la base fundamental del Estado, llegando al extremo de desconocer el derecho al sufragio como la máxima expresión de la democracia. Para garantizar la democracia directa se constituyó como poder del Estado el Tribunal Electoral, supremo árbitro electoral, hoy en estado calamitoso.

Bolivia necesita un gobierno de respeto a las leyes para recuperar su institucionalidad como Estado viable.