Con anticipación varias organizaciones como las plataformas ciudadanas, perseguidos políticos y otros solicitaron públicamente audiencias para presentar sus denuncias de vulneraciones de derechos. En contraparte, sectores afines al MAS, como los campesinos de Chuquisaca, habían anticipado habilitar una “policía sindical” que finalmente fue descartada.

A su llegada, Arosemena dejó en claro que los primeros días de sesiones reservadas serán para ordenar la agenda, establecer los temas de prioridad y el informe de la evaluación de casos.

Las audiencias privadas se realizarán entre el 7 y el 12 de febrero, y las públicas a partir del 13 al 15 de febrero. Para el 11 se tiene prevista la participación del presidente Evo Morales, para la inauguración oficial. Ayer, Morales adelantó que llevará a los comisionados a conocer el salar de Uyuni. “Tal vez pasemos en helicóptero hasta Coipasa para que vean por qué impresiona nuestras reservas de litio”, expresó.

Entre los sectores que esperan pronunciarse ante la CIDH se encuentran las plataformas ciudadanas que exigen el respeto al referéndum del 21-F. Por su parte, el activista político Luis Ayllón adelantó que las víctimas de la persecución política y de la retardación de justicia buscarán hacerse escuchar para denunciar que en Bolivia no existe el Estado de derecho y hay violación de derechos humanos.