Por tal diremos, que el referéndum revocatorio de mandato más que un derecho, es una expresión de derechos, es la síncresis de la voluntad del pueblo para expresar algo más allá que un desacuerdo con las políticas de una autoridad elegida, sino también una expresión de que dicha autoridad ha perdido la confianza del pueblo.

Una autoridad no puede gobernar sin el respaldo del pueblo a sus políticas, respaldo que se ve mermado con cada medida que vaya en contra de los intereses del colectivo, medidas que sumando destruyen cualquier tipo de respaldo popular, el cual en una democracia consolidada es todo lo que sustenta al poder político. 

Sin embargo cuando la independencia de los poderes o instituciones públicas están subordinadas a los intereses del poder político, en apariencia dominante y es este mismo poder político que con sus acciones ha perdido la confianza del pueblo, cabe cuando menos ser escéptico a la opción de que un poder vicioso permita que se lo revoque.

Asimismo el derecho del pueblo de revocar a una mala autoridad, por la misma naturaleza pérfida de la autoridad cuestionada, puede provocar un enfrentamiento pueblo versus pueblo, habida cuenta de que la autoridad a revocar usará toda clase de artimañas, recursos y mentiras para captar el apoyo de sectores de la sociedad que en un mal endémico de nuestra realidad obedecen a un voto consigna.

Analizando estos factores, la realidad aparente de la revocatoria de mandato de autoridades en nuestro país, en su mayoría pertenecientes y en otros casos aliados al Movimiento Al Socialismo, como es el caso de la autoridad edil de la cuidad capital orureña, vienen con un presagio de un muy discutible proceso electoral en la que ya tuvimos muy interesantes y preocupantes muestras de resultados electorales. 

Sin embargo, podemos como opción más cómoda preocuparnos de todas las variables y posibilidades. O podemos ocuparnos de la resolución del problema y en consecuencia actuar como un colectivo plenamente consciente de la voluntad de necesidades del pueblo.

Ocuparse del problema, significará en términos generales primero responsabilizarse por los actos de quienes fueron electos y que se tenía conocimiento de que no serían autoridades idóneas, tanto por sus antecedentes como por su propia idiosincrasia, responsabilidad por permitir la comisión de hechos que atentaban contra los intereses de nuestra sociedad, es decir por haber dejado que las cosas pasen como están pasando, un aspecto muy importante a tener en cuenta.

Y seguidamente, ocuparse del problema asumiendo el compromiso de acudir a ejercer el derecho o expresión de derechos, en este caso el de revocar a la autoridad cuestionada, con el pleno conocimiento y con la conciencia de que nuestro pueblo necesita y merece a mejores autoridades que las que están hoy por hoy en el poder establecido.

(*) Asambleísta Orureño