La semana pasada, en un hecho inédito, el Gobierno intervino la Alcaldía con una comisión conformada por el Ministerio de Justicia, Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Procuraduría, Contraloría y la Policía.

Ese hecho se produjo luego de que el alcalde, Zacarías Jayta, y el presidente del Concejo, Víctor Osinaga, fueron detenidos porque se vieron involucrados en la recepción de coimas tras la difusión de audios incriminatorios. La podredumbre es tal que, según datos de autoridades locales, se estableció un sistema de coimas que llegaba a todos los niveles, en una especie de red institucional de la corrupción.

Las empresas que se adjudicaban contratos mayores a un millón de bolivianos debían pagar el 20% del valor en coimas; para contratos inferiores a un millón, la comisión era de 15% y para compras menores, el porcentaje  era 12%.

Una vez recibido el dinero, el Alcalde se quedaba con el 50% de la coima, el 40% iba al Concejo Municipal, el 9% a secretarías y direcciones y el 1% estaba destinado a “los mochileros”, que eran los encargados de ir a recoger el dinero.

Según un reporte del diario Los Tiempos, que se basa en el comentario de diversos analistas, la corrupción en Quillacollo no es nueva, tampoco la inestabilidad. De hecho, los consultados identifican al MAS como el causante de esta situación porque, a lo largo de los años, estuvo tratando de cooptar ese espacio de poder que no pudo ganar en las urnas.

La situación es absolutamente lamentable porque las víctimas de este cáncer son los habitantes de Quillacollo, quienes  tienen que resignarse a gestiones ineficientes y mediocres, además de corruptas.

Tal es la situación que apenas hace unos días asumió un nuevo alcalde interino, Antonio Montaño, y ya está acusado de nepotismo. Pero no sólo él, sino también los concejales que tienen a sus familiares más cercanos trabajando en el municipio. Uno de ellos tiene a sus seis hijos en la función pública.

Hay que recordar que los municipios son autonomías locales  y que la intervención no debe convertirse en una rutina para encarar las crisis de las alcaldías porque se puede derivar en una peligrosa recentralización del poder.

La situación de Quillacollo, sin embargo, era y sigue siendo insostenible por lo que la investigación debe ir hasta el fondo, sin importar si la mayoría de los funcionarios van a la cárcel.