Se trata de un informe que merece ser tomado en serio, pues ofrece un parámetro fiable sobre la manera cómo algunas de las principales organizaciones del ámbito financiero internacional, además de empresarios de primer nivel, perciben lo que ocurre en cada país, lo que es tomado como uno de los principales elementos de juicio de inversionistas, políticos y gobernantes a la hora de tomar decisiones sobre sus vínculos con cada país analizado.

En lo que a Bolivia corresponde, el último informe da una muy mala noticia. Es que nuestro país figura entre los peor ubicados en el Índice de Percepción de la Corrupción y se ubica ahora en el puesto 132 de 180 países analizados. En informe del año pasado ubicaba al país en el puesto 112. Es decir, en los últimos meses cayó 20 escaños. Un resultado que nos acerca cada vez más a los países peor calificados, entre los que se destaca Venezuela y Nicaragua, y más lejos de los que avanzan en la dirección correcta.

Ese retroceso sufrido por Bolivia no es algo excepcional. Con muy pocas excepciones –entre las que como en años anteriores se destaca Chile y Uruguay–, en la mayor parte de los países latinoamericanos es patente la tendencia hacia un debilitamiento de la lucha contra la corrupción, lo que fue calificado como "preocupante" por la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira.

Lo más alarmante, además del obvio daño económico que la corrupción ocasiona, según Ferreira, es que la proliferación de prácticas corruptas se presenta en nuestro continente como un directo resultado de "clara tendencia" a "restringir el espacio de la sociedad civil" en una región en la que proliferan líderes autoritarios y populistas.

Una característica de ese proceso de destrucción de la institucionalidad republicana, identificado como uno de los factores de los que se nutre la corrupción, es que no reconoce fronteras ideológicas. Así, por ejemplo, líderes tan dispares como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, unidos sólo por su espíritu autoritario, comparten el mismo desprecio por las instituciones fiscalizadoras, lo que según TI sería una de las causas de la tendencia general hacia un empeoramiento.

A partir de esos datos, TI llama la atención sobre lo directa que es la relación entre corrupción y salud democrática. Una razón más, como si no hubiera ya muchas, para velar por la preservación de nuestras instituciones.