Las consecuencias de la corrupción no sólo tienen que ver con el despojo de recursos a los más vulnerables, también socava la justicia y el desarrollo económico, y destruye la confianza pública en el Gobierno (nacional, departamental y local) y los líderes, agrega.

Considera que la corrupción sigue siendo notoriamente difícil de investigar y procesar. A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud. Pese a estos avances, continúa, todavía no hay políticas  para abordar las causas históricas y estructurales de  malas prácticas.

Propone hacer esfuerzos para detener a quienes huyen por actos de corrupción, para lo que es imprescindible no tener lagunas legales y actuar con voluntad política desde el Gobierno.

Resultados año 2018

Los resultados presentados por TI reflejan la situación de percepción de la corrupción en el país y analizando la serie desde  2012, Bolivia ha ido reduciendo su puntaje, advierte Jubileo. En 2018 tuvo la peor declinación, con una fuerte disminución de su puntaje llegando a 29, lo que significa que se ha ido incrementando la percepción de mayor corrupción. La escala empleada por TI es de 0 a 100, en la que  cero es más corrupto y 100 menos corrupto.

Entre 2016 y 2017, el país se mantuvo con un puntaje de 33, teniendo como antecedente que el año 2014 había alcanzado 35 puntos, su mejor puntaje histórico. En esta última medición  bajó a 29 de calificación, con reducción de  cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior. Para la calificación a Bolivia en 2018, TI utilizó siete fuentes de información, una más que las empleadas en 2017.

Características 2012-2018

En sus informes anuales, TI emite recomendaciones generales para todos los gobiernos. En 2012, Transparencia exhortaba que los gobiernos, incluido Bolivia, debían incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas, las prioridades,  el financiamiento político y una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población. En 2013, cuando el puntaje logrado por el país fue de 34, TI mencionaba que la corrupción en el sector público continuaba siendo uno de los mayores desafíos, con énfasis en áreas como los partidos políticos, la Policía y los sistemas de justicia.

En 2014, año en el que el país obtuvo la mejor posición, 35 puntos, TI advertía que escuelas mal equipadas, medicamentos falsificados y elecciones decididas por dinero eran algunas de las consecuencias de la corrupción en el sector público.

En 2015, cuando empezó a reducirse  el puntaje para Bolivia, año en el que obtuvo 34, el informe de TI generalizaba que la corrupción es el abuso de poder en las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa de muchos, y provocaba perjuicios graves a las personas y a la sociedad; advertía que este tipo de corrupción quedaba impune.

Los resultados de  2016 resaltaban la conexión entre la corrupción y la desigualdad, que se nutren mutuamente para crear un círculo vicioso entre la corrupción, la distribución desigual del poder en la sociedad y la distribución desigual de la riqueza. Esta interacción entre corrupción y desigualdad alimentaba el populismo que prometía romper el ciclo de corrupción y privilegios; sin embargo, se hacía notar que con la oleada populista esto se exacerbó, en lugar de resolverse. Ya en 2017, cuando Bolivia tenía un puntaje de 33, similar al año anterior, en su análisis general, TI destacaba la preocupación por una mayor fragilidad en las garantías para la prensa y las ONG.

En 2018, cuando el país obtuvo 29 puntos, la peor calificación en ocho años, TI advirtió que la corrupción puede socavar la consolidación democrática. Además, dice, en democracias débiles abunda la corrupción. Los principales políticos que se han enriquecido ilícitamente tienen fuertes incentivos para aferrarse al poder y buscan evitar controles y equilibrios democráticos para que puedan continuar en el poder bajo un marco de impunidad.

Afirma que algunos líderes  llegaron  al poder aprovechando el disgusto público contra la corrupción; pero esos mismos líderes buscan socavar los mecanismos anticorrupción y las instituciones democráticas, además de restringir el trabajo de la prensa independiente cuando la cobertura desafía los mensajes de los líderes.

El Gobierno dice que el informe carece de objetividad

El último estudio de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, carece de objetividad, según el Ministerio de Justicia, por lo que la calificó de “sesgado”.

El Índice de la Percepción de la Corrupción 2018, publicado por   TI, ubicó a Bolivia en el puesto 132 de 180 países analizados; en 2017, el país se ubicó en el puesto 112.

Según el Ministerio de Justicia, TI anualmente reporta el Índice de Percepción de la Corrupción “con base en una metodología poco fiable para evaluar la corrupción, ya que existen problemas de medición entre percepción y realidad”.

“Esta ONG  analiza la situación de lucha contra la corrupción mediante encuestas de percepción ciudadana, realizada por terceros a expertos y empresarios, quienes, por lo general, son contrarios a las políticas públicas de transformación en países”, explicó la cartera de Estado. “En conclusión, el informe (...) no puede ser considerado como un diagnóstico basado en objetividad, sino como una mera opinión sesgada”, añade el reporte del Ministerio de Justicia.