Bolivia, según este reporte, ha caído 20 peldaños, ubicándose ahora en el puesto 132 de un total de 180 países analizados. El pasado año la posición boliviana estaba en el sitio 112. La deducción lógica es que los esfuerzos para prevenir y frenar la corrupción en el país aún no dan sus frutos en términos de percepción.

El IPC muestra la percepción que se tiene respecto a la corrupción en el sector público, asignando una puntuación de 0 a los casos de corrupción elevada y de 100 a la transparencia elevada. En lo alto de la tabla están Dinamarca y Nueva Zelanda, en tanto que en la parte baja sufren el peso de la corrupción Somalia, Siria y Sudán del Sur. A nivel regional la Unión Europea destaca por su transparencia y en el polo opuesto queda África.

El gobierno de Bolivia observó los resultados del IPC 2018 y acusó a la ONG de estar en contra de los países populistas. Sin embargo nada refieren las autoridades nacionales respecto a que esta edición del IPC demostró que existe una relación directa entre la corrupción y la salud democrática global, por lo que las democracias caracterizadas como “plenas” obtuvieron un promedio de 75 puntos; las consideradas “débiles”, una media de 49 puntos; los considerados “regímenes híbridos” (que presentan elementos propios de los sistemas autocráticos), 35 puntos de media; y los regímenes autocráticos 30 puntos de media.

Bolivia obtuvo 29 puntos, lo que la ubicaría cerca a los regímenes autocráticos. Esto debiera calar hondo en las autoridades nacionales, porque constituye un mensaje duro y directo; sin embargo, si el recado aún no es entendido, podemos citar lo afirmado por Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI: “Nuestra investigación establece un vínculo muy claro entre el hecho de contar con una democracia saludable y el éxito en la lucha contra la corrupción en el sector público. La corrupción tiene una probabilidad mucho mayor de surgir cuando la democracia se asienta sobre cimientos débiles y, como hemos visto en muchos países, cuando los políticos antidemocráticos y populistas tienen la oportunidad de utilizarla para su beneficio”.

Al parecer, la ilegal candidatura del presidente Morales y la deteriorada gestión pública, han dejado a Bolivia atascada en el pantano de la corrupción.