Si algún sentido material tiene el Estado Moderno este es la institucionalidad construida alrededor de la comunidad política denominada sociedad. Esta propiedad que caracteriza a las grandes civilizaciones como la griega, romana e incluso las de oriente medio como la china o japonesa, representa en sí misma una forma de realizar el acto de gobernar. Si hay desarrollo en el acto de gobernar, existirán instituciones nuevas que sirvan para la resolución de problemas cotidianos y preservarán la grandeza de sus gobernantes prolongando sus virtudes gubernativas más allá de los tiempos, como por ejemplo la ekklesía griega, la principal asamblea de la democracia ateniense o el senado romano como símbolo de respeto al conocimiento de los ancianos y su aporte a la cosa pública.

Estas instituciones no necesariamente serán eternas, en caso de ser requerido por las insuficiencias humanas, muchas mutarán y otras se irán construyendo con los años, logrando aciertos en la naturaleza de la sociedad política, tómese por ejemplo la transformación de la polis griega y la civitas romana en las ciudades república medievales; para que estas a su vez evolucionaran en el exitoso Estado moderno. Esta denominación que precisó de siglos en su edificación, es la más despersonalizada expresión de la voluntad humana que rige nuestras vidas en casi todo contexto.

En esa proyección histórica, sin embargo, las instituciones no se erigen solas ya que las mismas reducen su campo de acción en la medida en que el factor humano no prospera con ellas. De este modo, se diría que existe una relación directamente proporcional entre calidad de las instituciones en un Estado con la efectividad de sus ciudadanos. La complejidad de las relaciones interpersonales, la acuciante necesidad de sobrevivir y destacar en un sistema regido por leyes se constituyen en un óbice para asimilar la importancia de las instituciones en una democracia contemporánea y cómo éstas demuestran el grado de raigambre de un Estado.

En nuestra coyuntura, una de las instituciones observadas, entre tantas otras, se encuentra el Tribunal Supremo Electoral, recuperado en la vigente Constitución Política del Estado como órgano, y que entre otras atribuciones posee la importante misión de administrar procesos electorales en todos los niveles de gobierno. Es, en el escenario de un novedoso como controvertido sistema electoral modificado por la Ley N° 1096, donde se introducen unas elecciones previas al interior de los partidos políticos y otras organizaciones representativas de esta índole, denominadas elecciones primarias. Evidentemente el resultado, más allá del porcentaje obtenido por cada organización política, demuestra una escasa institucionalidad, deficiente comprensión del significado y en definitiva la instrumentalización de una herramienta democrática, en pro de intereses sectarios que hacen de este órgano estatal un anticuado andamiaje, en un remozado Estado designado como plurinacional.

Cuando se busca profundizar la democracia intercultural, debe primero establecerse qué contenido tendrá esta y como se educará a la ciudadanía en torno a ella, para generar un civismo no religioso pero si de convicción en el diseño del Estado y la certidumbre de desarrollarnos en comunidad. No sucede esto cuando hay obligatoriedad de asistir a votar, apatía electoral en los ciudadanos, y sobre todo la actitud gubernamental de creer que el país es una hacienda y se debe hacer la voluntad del patrón, agazapado en la disfrazada voluntad popular legislativa, donde tiene mayoría. En suma, la institucionalidad electoral se convirtió en un juego de suma y resta; no en el debate de ideas, cimentación de un Estado pleno y una ciudadanía responsable.

Del mismo modo, otra institución que cayó por un abismo creado por la persona que estuvo a cargo es la Defensoría del Pueblo; institución nacida en el derecho escandinavo bajo el denominativo ombudsman, una especie de procurador ciudadano que debe velar por los derechos humanos de sus conciudadanos ante las instancias del poder público prioritariamente. Sin embargo, en nuestro caso, el abogado David Tezanos Pinto, inició a traspiés su gestión, puesto que en la prueba oral ante la Comisión Mixta de Constitución de la ALP se pudo verificar que desconocía las atribuciones de la institución a la que postulaba, además de la inseguridad en sus respuestas, quedó claro que no terminó de comprender la función esencial de esta vital institución.

Más allá de sus problemas personales, el ejercer un cargo de responsabilidad conlleva tomar las decisiones adecuadas en todo momento y lugar, sobre todo considerando que se trata de una función que implica el conocimiento normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos; por ello, cuando presenta su renuncia en mérito al diferendo con su esposa, vemos en el Sr. Tezanos la debilidad personal que demostró en el periodo que administró el destino la Defensoría, reflejando la crisis institucional en la que se sumió después de su paso por ésta. Como decía el dramaturgo y periodista irlandés, George Bernard Shaw: la libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de hombres la temen.

Ese temor a ejercer la ciudadanía plena, el compromiso de hablar con la verdad y con libertad hacer frente al poder político en defensa de la ciudadanía, no caracterizó la gestión del abogado Tezanos. Por ello, no se trata de poseer las instituciones que una democracia postule a tener como requisito sine qua non, o porque los demás Estados lo apliquen con mayor o menor éxito, sino más bien reivindicar la trascendencia de cada institución para transformar nuestro país desde abajo, con el conocimiento y contribución de cada miembro conformante de la sociedad política: el ciudadano. Caso contrario, las instituciones aunque cambien de nombre, o se inserten como novedades necesarias, serán castillos de naipes en playa de arena.