Beto Aztorga, de la agrupación ciudadana Otra Izquierda es Posible, adelantó que desde mañana tienen previsto desplazarse a la capital del país, donde llevarán pancartas y el grito de Bolivia dijo No. Intentarán entregar una carta a los comisionados en la que solicitarán que se pronuncien sobre la reelección indefinida. “Buscamos mostrar que hay ciudadanos en pie de lucha, que queremos la recuperación de la democracia y hacerles notar que en el país hay un descontento por la repostulación”, resaltó Aztorga.

Otro grupo de plataformas prevé reunir en Sucre entre 600 y 1.000 personas de todo el país. Marianela Aldayuz, representante de la coordinadora de Mujeres Fuertes de Chuquisaca, anunció que este sábado 9 habrá un congreso en el que se conformará una comisión para acceder a una audiencia para denunciar las vulneraciones de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de los bolivianos. Dijo que también llegará una delegación de Argentina. “En el Congreso se programará vigilias con protestas pacíficas”, aseguró.

Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, explicó que pretenden entregar una carta a los miembros de la CIDH para pedir que se pronuncien de manera oportuna con relación a la reelección indefinida. El activista adelantó que el miércoles 13 asistirán a la audiencia referente a la reelección presidencial en América Latina.

Por su parte, Alejandra Serrate, de Resistencia Femenina, manifestó que no participarán de las movilizaciones en esta ciudad, pero como parte de la sociedad civil asistirán a una audiencia de oficio que se dará el 14 de febrero, entre las 17:00 y las 18:00.En la ocasión se hablará de las buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la región. También estarán en otros eventos que tienen que ver con la reelección presidencial en América Latina. Adelantó que se alista una presentación muy breve, para pedir respeto a los derechos humanos y políticos de los bolivianos.

El canciller Diego Pary señaló ayer que el público podrá presenciar las sesiones públicas, escuchar las exposiciones de los ciudadanos peticionantes y los representantes de los estados demandados por la vulneración de derechos, pero están impedidos a asistir a las sesiones reservadas donde solo accederán los comisionados y su personal.

Los preparativos

El canciller Diego Pary, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, estuvieron ayer en Sucre para hacer una inspección del lugar y organizar la parte logística para garantizar las sesiones de la CIDH, que se realizarán entre el 7 y el 16 de febrero.

El procurador estimó la presencia de, al menos, 500 personas entre peticionantes, estados demandados y los comisionados de la CIDH en la que se abordarán 30 temas de otros países de la región, menos de Bolivia porque no se permiten temas del Estado anfitrión.

El Estado por solicitud de la misma CIDH presupuestó más de Bs 3 millones para garantizar la logística y un refrigerio para las personas vinculadas a las sesiones, explicó Pary.

Por lo que se habilitó una sala para las sesiones plenarias, otras siete para las reuniones reservadas con servicio de internet, videoconferencias y otros servicios.

Ayer, funcionarios de Entel y de ENDE estuvieron trabajando en el lugar para garantizar los servicios de internet y electricidad, habilitarán un generador propio por sí hubiera cortes de la red nacional de energía eléctrica y refrigerio durante las audiencias.

El ministro Héctor Arce destacó que el 171 periodo de sesiones es un evento de relevancia porque la CIDH es un órgano que defiende los derechos humanos que normalmente sesiona en su sede de Washington (EEUU) y algunas veces en otros países. Esta es la primera vez que se instala en Bolivia. Arce adelantó que la inauguración de las sesiones será el lunes 11 de febrero y contará con la presencia de las máximas autoridades nacionales.

El abogado Arturo Yáñez, presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, explicó que las sesiones de la CIDH fuera de su sede fue a petición de los países, como el caso de Bolivia.

Explicó que del 7 al 12 posiblemente se celebren sesiones reservadas, donde se abordan las denuncias formales contra los estados por la violación de derechos humanos; además de admitir, rechazar y tramitar solicitudes de medidas cautelares y las audiencias reservadas.

Del 13 al 15 se desarrollarían las 30 audiencias públicas o temáticas del Estado, los derechos humanos que no abordan denuncias formales.

Cada audiencia dura una hora, aproximadamente, y serán habilitadas dos salas que estarán presididas, cada una, por tres o cuatro de los siete comisionados. Comienza la intervención la sociedad civil solicitante sobre algún determinado tema en unos 20 minutos, responde el Estado denunciado en la misma cantidad de tiempo, y otros 20 minutos para las preguntas de los comisionados.

Yáñez aclaró que las audiencias públicas son abiertas y no requieren de acreditaciones. “Sería absurdo que alguna entidad del Estado quiera acreditar o restringir el ingreso, habrá control de verificación al ingreso con guardias legales y no se requiere de ‘policías sindicales’, que sería un papelón de mostrar al sistema interamericano que en Bolivia hay grupos irregulares”.

Recordó que las sesiones de la CIDH serán cerca de donde ocurrió la denominada “masacre de la Calancha”, hay una denuncia formal de violación de derechos contra el Estado boliviano, estamos a pocos días del 21 de febrero.