La jefa de bancada del MAS-IPSP en la Cámara de Diputados, Betty Yañíquez, dijo que es una constante el accionar “sin escrúpulos” de los asambleístas de oposición en cada inicio de la nueva legislatura, cuando se deben elegir a los miembros de la directiva, presidentes de las comisiones y jefaturas.

Señaló que lo único que buscan es satisfacer sus apetitos personales, además de que las confrontaciones en algunos casos son personales y en otros “rayan en acciones delictivas”.

“Es constante un enfrentamiento entre ellos, denuncias de corrupción que rayan en situaciones de delito, estos hechos llaman realmente la atención de todos”, afirmó y luego mencionó que el caso de extorsión denunciado por su colega María Calcina llegó al límite.

Yañíquez sostuvo que esa es la propuesta que tiene la oposición, porque al margen de enarbolar el 21F no plantea nada para ofrecerle al pueblo.

“Esto va a pasar si llegan a la situación de poder. Esto va a ocurrir siempre, van a pelear por las repartijas de poder, las plazas que les correspondería, y no pensarán en lo que necesita el pueblo boliviano”, aseveró.

Esta práctica no es de extrañar, fue el criterio del asambleísta departamental por La Paz, Gustavo Torrico, para quien “ese es un viejo defecto de la derecha; cuando nosotros llegamos (al Gobierno en 2006) incluso se daba este tema; les pedían la mitad o la cuarta parte de los sueldos a los funcionarios”.

Recordó que en la actual legislatura (2015-2020) varios asambleístas fueron sindicados de casos que van contra la moral y las buenas costumbres, otros de acciones delictivas, sobre las que se hicieron las investigaciones respectivas. Entre ellas, la denuncia por cobro a su personal contra el diputado de UD Amilcar Barral, la denuncia de acoso político que presentaron las diputadas Jimena Costa y Fernanda San Martín, o el último caso de extorsión que hizo público la diputada María Calcina contra su colega de bancada Gonzalo Barrientos, por un supuesto cobro de dinero para apoyarla y que sea la nueva jefa de bancada de UD.

En tanto que el también diputado del MAS-IPSP Lino Cárdenas afirmó que a estas alturas ya no sorprende el accionar de los legisladores de oposición, ya que siempre actuaron con base en la coacción (imposición), incluso desde que gobernaban (en 20 años de gestión neoliberal).

“La corrupción era una constante en las actividades administrativas que realizaban, y obviamente ahora son fieles a su conducta”, indicó.

En su criterio, es “muy censurable” lo que acontece en la bancada de oposición como consecuencia de las denuncias de presuntos cobros irregulares o acoso político.

“Son prácticas que, diría, son delincuenciales, porque se está mencionando extorsión y eso constituye un delito según nuestro Código de Procedimiento Penal”, insistió.

En ese contexto, lamentó que ese sea el mensaje de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que no sólo debería ser evaluado por la Comisión de Ética, sino por las instancias pertinentes como el Ministerio Público.

“Estos hechos denotan que la oposición lo único que sabe hacer cuando está en el poder es realizar actos de corrupción sin temor”, expresó.

Tras el inicio de la nueva legislatura el 22 de enero, en la elección de las jefaturas de bancada se registró un hecho por de más preocupante.

Según los legisladores del MAS-IPSP, la denuncia fue presentada por la diputada María Calcina contra su colega de la misma bancada Gonzalo Barrientos, quien le habría exigido 20 mil bolivianos y fuentes de trabajo para apoyarla en su elección como jefa de bancada. Al respecto, la involucrada  dijo que no aceptaba ese tipo de acciones, que en su criterio aún practican algunos legisladores de su bancada (UD), tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores.

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, censuró este  tipo de acciones  que rayan en hechos de corrupción y adelantó que serán investigados por la Comisión de Ética.

Son recurrentes las denuncias por abusos

Los diputados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores y Valeria Silva, expresaron su preocupación porque las denuncias de extorsión son recurrentes al interior de la bancada de Unidad Demócrata (UD), ya que incluso un legislador suplente fue suspendido por hacer cobros indebidos a un funcionario de la Cámara Baja.

“No es la primera vez que miembros de esta bancada incurren en este tipo de actos, no se olviden que una vez un diputado de esa misma bancada ha sido suspendido por extorsionar a un funcionario”, precisó Flores, quien además dijo que ese accionar es una vulneración de la normativa vigente en el país.

La diputada Valeria Silva señaló que no es la primera vez que el diputado cuestionado, Gonzalo Barrientos, es acusado por sus correligionarias de actos que riñen con la ética y la buena conducta moral.

“No es la primera ocasión en la que particularmente el diputado Barrientos y otros diputados y senadores de la bancada de Unidad Demócrata son denunciados por sus propias correligionarias de este tipo de actos que son ilícitos”, señaló. Afirmó que esos actos reñidos con la ley ocurren por falta de coordinación en esa alianza política, ya que siempre existió enfrentamientos al interior de UD por ocupar cargos políticos.