El proyecto fue presentado el 31 de enero y pasó al Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EEUU. Son dos senadores demócratas, Menendez y Dick Durbin, además del republicano Ted Cruz, que presentaron la resolución. Éste último es conocido como una de las voces más duras de su partido.

En el proyecto de resolución, se hace un breve punteo de la historia de Bolivia desde su fundación, hasta la decisión del Tribunal Constitucional de permitir la reelección sin límites y las posteriores expresiones de rechazo de la OEA.

Se menciona que en el referendo de 2016 más de la mitad de los bolivianos rechazaron que Morales vaya a postular a un cuarto mandato, pero los "leales" al presidente en el Tribunal Constitucional levantaron la restricción a la reelección.

También mencionan los pronunciamientos de la OEA y la opinión consultiva, hecha a la Comisión de Venecia, en la cual se sostiene que no existe el derecho humano a la reelección.

El proyecto reconoce que en "la era de Morales se ha visto muchos avances sociales y económicos", pero advirtió que también se observó "un debilitamiento y socavamiento de las instituciones democráticas clave para favorecer al partido gobernante".

Con eso en cuenta, el proyecto de resolución plantea ocho puntos para ser aprobados por el Senado de EEUU.

Entre los puntos más destacados, se expresa preocupación de que se eluda los límites de mandato en Bolivia y reivindica el referendo del 2016 como expresión de la mayoría de los votantes.

Además, pide que el Gobierno de Bolivia restablezca la independencia de órganos clave como el Electoral, y lleve adelante comicios respetando los límites de mandato que estipulan la Constitución.

Ocho puntos de la propuesta de resolución

El Senado:

(1) apoya las importantes transiciones a la democracia y las transferencias regulares de poder pacíficas a través de elecciones que han tenido lugar en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en las últimas décadas;

(2) reconoce la importancia histórica de las elecciones de 2005 en Bolivia;

(3) expresa preocupación por los esfuerzos para eludir los límites del mandato presidencial en la constitución boliviana;

(4) apoya los límites del mandato presidencial que prevalecen en América Latina como controles razonables contra un historial de golpes, corrupción y abusos de poder;

(5) expresa la creencia de que la votación del referéndum de 2016 para mantener los límites del período presidencial reflejó la voluntad legítima de la mayoría de los votantes en Bolivia;

(6) está de acuerdo con la interpretación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la Convención Americana de Derechos Humanos como no aplicable a los límites del mandato presidencial;

(7) pide al Gobierno de Bolivia que respete y, donde sea necesario, restablezca la independencia de los órganos electorales y gubernamentales clave y que administre las elecciones de octubre de 2019 en cumplimiento de las normas democráticas internacionales y sus propios límites constitucionales en los mandatos presidenciales; y

(8) pide a las democracias latinoamericanas que continúen defendiendo las normas y estándares democráticos entre los estados miembros.