Si bien las elecciones generales 2019 todavía no han sido convocadas —el TSE lo hará en el mes de mayo—, el “ciclo electoral” ya está en marcha. Un hito importante en ese camino es la presentación de las listas de candidaturas. Es un momento determinante para las organizaciones políticas, pues condensa la difícil gestión de alianzas y facciones internas, además de intereses, presiones y apetitos personales. La decisión orgánica debe tomarse con arreglo a procedimientos democráticos y paritarios.

Como no están previstas elecciones primarias para estas candidaturas, los partidos deben adecuarse a los mecanismos establecidos en sus estatutos orgánicos. Hay al menos dos condiciones ineludibles establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas. La primera es que las listas cumplan los criterios de paridad y alternancia: 50 por ciento mujeres, 50 por ciento hombres. La segunda es que la selección sea supervisada directamente por el Órgano Electoral a fin de garantizar que haya democracia interna.

En la tradición de nuestra cultura política, la definición de listas para senadurías y diputaciones (desde la anterior elección se añaden asambleístas supraestatales) es objeto de fuerte contienda y no suele ser un ejercicio democrático. La pauta, más bien, es de imposición, decisión de cúpulas y cuoteo. Ahí están, como espectáculo, las agitadas negociaciones nocturnas de nombres al filo del plazo. No es para menos: las candidaturas expresan correlación de fuerzas, pactos, disputa de liderazgos.

¿Qué se espera de las candidaturas? Además del estricto cumplimiento del principio de paridad de género, la norma invoca la necesaria inclusión de jóvenes e indígenas. Puede preverse también que las listas busquen ser representativas de sectores, regiones y gremios. Y que incluyan personalidades “que ganen votos”. Es indudable que en estos comicios también habrá renovación, así como algunos asambleístas reelectos. Todos estos son lugares comunes, pero tienen relevancia, como veremos en julio.

Junto con la inscripción de candidaturas, ese mismo día las organizaciones políticas deben registrar sus programas de gobierno. Se supone que dichos programas, en tanto compromisos de acción, serán resultado de reflexión orgánica. Aquí anida otro déficit democrático. Los programas suelen ser documentos producidos en gabinete para cumplir el requisito. Unos cuantos los escriben, muy pocos ciudadanos los leen, casi nadie los debate. Es otro desafío para los partidos en este prematuro ciclo electoral.