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Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 31 de enero de 2019
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
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Ayer, el alcalde suplente Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Víctor Osinaga fueron aprehendidos por el caso audios de corrupción. Ambos fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El hecho ocurrió luego de que ambas autoridades se abstuvieran de declarar en la Fiscalía Anticorrupción. Fueron convocados por la denuncia de presuntos cobros irregulares a empresas para la adjudicación de obras.
Los Ministerios de Justicia, de Gobierno, la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría forman parte de la comisión que ya realiza la intervención en este municipio. Se prevé que pueda extenderse por varios días.
"Estas instituciones van a intervenir el día de hoy dentro de sus potestades regladas y dentro de su facultades que tiene cada una de ellas. Durante las siguientes horas y días han de llevar una labor profunda de investigación, seguimiento y revisión para identificar posibles hechos de corrupción", dijo Arce.
El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz, indicó que en este caso, que involucra a Jayta y Osinaga, participarán cuatro fiscales en los actos investigativos.
"A medida que se desarrolle la investigación es posible que se amplíen (las acusaciones) por otros delitos", afirmó de la Cruz.
Un exfuncionario de la gestión de Jayta, denunció que la autoridad recibía el 50 por ciento de lo que se cobraba a las empresas adjudicadas. Un 40 por ciento estaba destinado al Concejo Municipal, según una fórmula de cobro y división del dinero.
El excoordinador de la secretaría general, Jesús Saldivar, explicó que la fórmula fue implementada por Jayta cuando asumió como alcalde, en junio de 2018. Ésta determina porcentajes de cobro y división de recursos.
La tabla expuesta refleja que las empresas que se adjudicaban contratos mayores al millón de bolivianos debían entregar un 20 por ciento del monto a cobrar.
En el caso de los contratos inferiores al millón, el porcentaje era del 15 por ciento. Mientras que en compras menores, las firmas debían entregar el 12 por ciento, según la fórmula.
Estos recursos se dividían en cuatro: 50 por ciento para el alcalde Jayta, 40 por ciento para el Concejo Municipal, nueve por ciento para las secretarías y direcciones y uno por ciento para rangos menores, explicó Saldivar.
El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, explicó que durante la intervención no se realizará el secuestro de documentación ni de computadoras. “Es una labor de supervisión y evaluación”, concluyó.
Mientras tanto la atención en la administración municipal se mantiene con normalidad.
#LTahora
Adan García, secretario General de la Alcaldía de #Quillacollo, afirma que esta institución continuará con el trabajo rutinario durante esta jornada.
El Ministerio de Justicia y otras cuatro instituciones realizan una intervención por el caso audios.