La información revela que las dos autoridades y el exsecretario general Grover C. fungían como las cabezas de una red de corrupción que operaba dando órdenes a funcionarios encargados de recaudar el dinero.

Testigos refieren que una de las primeras acciones ilícitas de Jayta fue instruir al exdirector de Recursos Humanos el cobro de una comisión a una empresa. El destino del dinero habría sido pagar a un grupo de choque —Los Gigolós—, contratados para evitar que Mérida volviera a tomar posesión del municipio.

Este indicio está respaldado por la declaración del exdirector Gerson E., quien señala: “Si no me equivoco, son Los Gigolós, que nos ofrecen sus servicios con un costo de 350 bolivianos por persona. Vienen a las 5:00 de la mañana a la plaza del cóndor para tomar posesión en la puerta de la Alcaldía y así evitar el ingreso de Eduardo Mérida (…) En la tarde me llamaron para pagar 40 mil bolivianos, caso contrario tomarían represalias”.

Siguió: “Me dan una hora para conseguir dicho monto. Conseguí 12 mil para la hora de la entrega, a lo que me responden que no era suficiente y proceden a llevárselo a mi compañero Jesús hasta que cancele el monto. Entré en un estado de desesperación”.

Otra de las irregularidades mencionadas da cuenta de que, en junio, Jayta pidió 20 mil bolivianos al exdirector para viajar a Sucre con Osinaga. El objetivo era conversar con magistrados. Solicitaron el monto a la encargada de actividades económicas, a quien le habrían instruido que luego se repusieran los recursos con el bono de té de las planillas.

Es así que Gerson entregó 15 mil en el aeropuerto y 5 mil se usaron para trasladar a un grupo de choque en flota.

Además, se recaudaban montos de hasta 50 mil dólares para pagar a los magistrados de Sucre. En septiembre, se registró que Israel A. entregó la suma a Jesús S., quien fungía como coordinador del exsecretario general.

Otro de los testigos, Jesús S., explica sobre la recaudación del dinero: “En tres oportunidades llevé dinero a la oficina del alcalde Jayta en las sumas de 150 mil, 200 mil y 170 mil bolivianos por el mes de noviembre de 2018. Todos cobros de las empresas, como por ejemplo del hospital del distrito 8, al que le cobraron el 20 por ciento de 8 millones”, dijo.

Audiencia

Las dos autoridades fueron imputadas, ayer, por la presunta comisión de tres delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y concusión.

Según plazos procesales, la audiencia de medidas cautelares debe ser hoy.

El alcalde electo Eduardo Mérida hizo la denuncia el 9 de enero del presente año con audios y videos de presunta corrupción.

PUNTOS DE VISTA

"Anoche estaban sacando cheques sin ningún respaldo legal. Tienen la firma del alcalde Jayta y están dirigidos a diferentes personas". Angelina Zeballos. Concejal.

"Es saludable y beneficioso para el municipio, todas las acciones que se han realizado durante el día. El fin es correctivo y preventivo". Ever Veizaga. Repte. Transparencia

INVESTIGACIÓN SE AMPLIÓ A OCHO

La primera denuncia que llegó a la Fiscalía se hizo contra cinco personas. Sin embargo, la esta instancia determinó ampliar la investigación a tres personas adicionales.

Entre estos nuevos denunciados se encuentra el alcalde electo Eduardo Mérida, quien además fue la persona que presentó la denuncia contra Jayta, Osinaga y otros.

Mérida declaró como denunciante y ahora será convocado como denunciado.

FISCALÍA SE LLEVA SEIS CPU Y DOCUMENTOS DE OFICINAS DEL ALCALDE Y EL CONCEJO

Una comisión de cuatro fiscales Anticorrupción secuestró seis CPU, además de documentos en soporte digital e impreso. Estos elementos salieron del despacho del alcalde suplente de Quillacollo Zacarías Jayta y del presidente del Concejo Municipal Víctor Osinaga en el marco de las investigaciones por el caso audios de corrupción.

“Hemos facilitado toda la información, abierto todas las puertas. Esperemos que se haga un trabajo serio que permita el esclarecimiento de todos los hechos de corrupción. Nosotros vamos a estar cuando nos convoque el Ministerio Público en cualquier otra situación”, señaló el concejal Antonio Montaño (FPV).

El procedimiento empezó a las 18:15, después de ocho horas de trabajo de la comisión interinstitucional. El allanamiento demoró dos horas en medio de resguardo policial.

“Nos han pedido que nos mantengamos en el corredor, fuera de nuestras oficinas. Se está coadyuvando en el allanamiento que está realizando el Ministerio Público”, indicó el concejal Roberto Vargas (MAS).

En tanto, los fiscales Gonzalo Aparicio y Ricardo Arellano instruyeron el secuestro de dos CPU y documentos de las oficinas del despacho del alcalde suplente, la Secretaría de Finanzas y de Asesoría Jurídica.

Policías continúan en el lugar resguardando Contrataciones y del Sicoes, por lo que se espera que hoy continúe la intervención.