El caso de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es, sin duda alguna, efecto de una crisis de confianza no solamente de la colectividad sino de sí mismos, ya que, según todos los indicios, no estaban de acuerdo con lo que conjuntamente los demás vocales habían adoptado. Esta es realidad que se veía y que precipitó la realización de las elecciones primarias y la futura elección general de octubre, con o sin situaciones imprevisibles que el TSE tendría que afrontar. Las crisis de confianza no siempre surgen porque no hay esa condición en quienes la han depositado sino como efecto de las dudas o suspicacias o susceptibilidades que pudiesen surgir en cualquier persona y mucho más las posibles diferencias que se presenten con el entorno, con el que debería existir coherencia, unidad y armonía.

Sin temor a equívoco alguno, hay que convenir en que la designación de los siete vocales desde sus inicios ha despertado susceptibilidades y desconfianzas por su pertenencia al partido oficial; un hecho contrario a la legalidad y que forzosamente los ponía al servicio del partido de gobierno y, aún mucho más cercano, del Presidente de la República, empeñado en prolongar su mandato, no obstante las decisiones terminantes del Referéndum del 21 de febrero de 2016, que dijo “no” a la postulación del binomio oficialista; un resultado que, reconocido por el mismo TSE es vinculante o sea de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional de habilitar la candidatura del Presidente y su acompañante, medida que acató el Tribunal Electoral, despertó la desconfianza no solamente de partidos e instituciones de oposición sino de la colectividad.

Ahora, ante la renuncia de la vocal Dunia Sandoval, del TSE, el Poder Legislativo debería designar nuevos vocales entre personas probas, idóneas, honestas, responsables y ajenas a cualquier ajetreo político-partidista, sin intervención ni presión alguna del partido de gobierno y menos de las autoridades nacionales. Similar procedimiento debería cumplirse con el Defensor del Pueblo, cargo que tiene que recaer en un profesional de grandes méritos, de capacidad profesional y prestigio reconocidos, de un comportamiento, inclusive familiar, sin tacha ni mengua alguna; en otras palabras, no cometer el grave yerro de una designación equivocada, como sucedió con el Defensor recientemente renunciante.