“Habría que emplearlo para caso especiales y hacer más funcionales los mecanismos de control sobre las autoridades electas. Luego, incorporar en la cultura política del país la idea de que no basta que la población se enoje con su autoridad para intentar destituirla, sin posibilidad de que cumpla su mandato porque electoraliza la actividad administrativa y esto perjudicial, además implica gastos”, afirmó Lazarte.

La Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral plantean la revocatoria de mandato, como “un mecanismo constitucional en que el pueblo decide mediante el voto la continuidad o cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano”.

Esta iniciativa puede ser colectiva o individual, cuando se ha llegado a la mitad del periodo de mandato de la autoridad elegida y si prospera, queda interrumpida la gestión.

Sobre el hecho, el analista puntualiza que esta acción no necesariamente fortalece la democracia. “Los países que están más asentados democráticamente tienen muy pocos referendos, entonces la democracia no vive del referendo (revocatorio)”.

En ese contexto, explicó que este mecanismo constitucional tiene dos aspectos que deben ser tomados en cuenta.

“Por un lado, es un mecanismo institucional en lugar de destituir o derrocar de hecho a las autoridades electas; porque había un pasado de tal inestabilidad de hechos que se creaban situaciones de turbulencia y se optó por una regulación, se ha intentado reparar la vieja historia del país, donde las autoridades eran cambiadas por medidas de hecho”, aseveró Lazarte.

El otro aspecto del recurso de revocatorio de mandato pasa por entender que podría ser un acto que raye en el abuso, tomando en cuenta que es para todos.

“El otro lado, es que se puede hacer un uso abusivo del revocatorio, porque se permite que esto pueda ocurrir en todos los niveles electivos de gobierno y se puede conducir también a una situación caótica y peor aún si rige para todo”, agregó Lazarte.

Estas nociones de nuestro entrevistado, aclaró que fueron parte de los resultados de la Asamblea Constituyente, donde se planteaba el voto popular como la solución en todo.

“En la Asamblea Constituyente inclusive se propuso que sea para autoridades judiciales más. Hubo una suerte de santificación del voto popular, es decir todo debería resolverse por el voto, sin caer en cuenta que eso podría tener efectos perversos”, sostuvo Lazarte.

Lo real de un país como Bolivia es que la permanencia de las autoridades no está garantizada, porque somos una población que muy fácilmente se enoja con sus gobernantes.

“Se ha intentado regular en la Ley de Régimen Electoral, pero está claro que este es un país donde hay revocatorio, porque aquí la gente se enoja e inmediatamente quieren destituir a la autoridad sin respetar la Constitución Política del Estado (CPE)”, aclaró Lazarte.

Por lo tanto, propone que entre las muchas cosas que deberían reexaminarse en el país, el mecanismo del revocatorio de mandato para autoridades electas tendría que ser reexaminado.