A través de la resolución Nº6, redactada y firmada en la víspera durante la reunión de comités cívicos de Bolivia, efectuada en Cochabamba, se ratificó para el 21 de febrero próximo un paro nacional, con movilizaciones y bloqueos, en defensa y respeto de la democracia y contra la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita a Evo Morales a repostularse de manera indefinida a la Presidencia del Estado.

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, indicó a radio Fides: “Se ratifica la resolución de los comités cívicos, de realizar un paro el 21 de febrero, con marchas y otras movilizaciones para ese día”. Asimismo, adelantó que el 14 próximo volverán a reunirse los dirigentes, en La Paz, para coordinar acciones y últimos detalles antes de la protesta.

Flores agregó que la medida “es en defensa de la democracia y de las libertades del pueblo boliviano”. “El 21 de febrero habrá un paro con bloqueo de carreteras contra el fallo espúreo del Tribunal Constitucional”, señaló.

A esta determinación se sumó la crítica de varios políticos de oposición y también los exdefensores del Pueblo, Rolando Villena y Waldo Albarracín, junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en conferencia de prensa anunciaron que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia por la violación masiva de los derechos de más de 2 millones de ciudadanos bolivianos, que votaron por el No en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

El exdefensor Waldo Albarracín explicó que la denuncia es contra el Estado boliviano, por la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la cual se habilita al presidente Evo Morales y toda autoridad electa a la repostulación indefinida, bajo el argumento de que el Pacto de San José no limita la cantidad de reelecciones.

Villena, por su parte, dijo que el Tribunal Constitucional hizo una interpretación antojadiza del Pacto de San José, que en su criterio no tiene “pies no cabeza”. Destacó que la denuncia a presentarse en la CIDH busca precautelar los derechos de los pueblos, y no así de una persona a una repostulación.

En contraparte, el concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, Jorge Silva, recordó a los exdefensores que las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio.

“Hay que recordarles a los exdefensores del Pueblo que el artículo 203 de la Constitución señala que las decisiones y sentencias del TCP son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno; es decir, son los fallos definitivos y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio”, dijo a la agencia estatal ABI.

Silva aclaró que Albarracín y Villena están en su derecho de recurrir a cualquier instancia internacional; sin embargo, aseguró que los resultados no afectarán el fallo del TCP.