Asimismo, el presidente del Concejo Municipal de ese municipio, Víctor Osinaga, también fue aprehendido por este caso. Ambas autoridades serían trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta que un juez disponga la realización de su audiencia de medidas cautelares.

“Es una medida forzada ante el riesgo que ha encontrado la Fiscalía al entender de que según la resolución (Jayta) no tendría un trabajo lícito lo cual es erróneo y no tendría un domicilio constituido lo cual también es erróneo”, manifestó el abogado, Henry Pinto, a tiempo de señalar que al alcalde se lo acusa de uso indebido de influencias y concusión.

Un exfuncionario de la gestión de Jayta, denunció que la autoridad recibía el 50 por ciento de lo que se cobraba a las empresas adjudicadas. Un 40 por ciento estaba destinado al Concejo Municipal, según una fórmula de cobro y división del dinero.

El excoordinador de la secretaría general, Jesús Saldivar, explicó que la fórmula fue implementada por Jayta cuando asumió como alcalde, en junio de 2018. Ésta determina porcentajes de cobro y división de recursos.

La tabla expuesta refleja que las empresas que se adjudicaban contratos mayores al millón de bolivianos debían entregar un 20 por ciento del monto a cobrar.

En el caso de los contratos inferiores al millón, el porcentaje era del 15 por ciento. Mientras que en compras menores, las firmas debían entregar el 12 por ciento, según la fórmula.

Estos recursos se dividían en cuatro: 50 por ciento para el alcalde Jayta, 40 por ciento para el Concejo Municipal, nueve por ciento para las secretarías y direcciones y uno por ciento para rangos menores, explicó Saldivar.

Hoy también declaró Florens Amado, secretario de Finanzas de la alcaldía de Quillacollo, a quien no se le impuso ninguna medida. Mañana brindarán sus declaraciones los concejales Willy López y Juani Veizaga.