“¿A quién estamos demandando? Al Estado boliviano. ¿Ante quién? Ante la CIDH. ¿Qué estamos pidiendo? Que se respete nuestro derecho humano, porque hay un derecho adquirido, ese ‘No’ ha causado Estado en el país, ya es ejecutoriado, ya es inmodificable, tiene efecto vinculante de cumplimiento obligatorio”, expresó Albarracín.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés afirmó  que  ninguna acción posterior,  juicio o sentencia, puede modificar el  resultado del referendo del 21 de febrero de 2016. “Desconocer ese resultado es violar el derecho de cada uno de los ciudadanos que fueron a votar por el No”, dijo.   

Mientras que Villena expresó  que “nos quieren engañar con juegos de palabras, diciendo que se respetó la decisión del pueblo porque no se cambió la Constitución, pero lo que no se dice es que la pregunta del referendo era un principio y no por un artículo”. 

En ese marco, Villena sostuvo  que la sentencia de la reelección del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “ha dejado en indefensión a la propia Constitución porque pone en cuestión 21 artículos”, lo cual  es “sumamente grave” porque “son artículos que ponen límites al ejercicio de los cargos públicos y que quedan sin efecto con el fallo”. 

Entre las pruebas que adjuntan a la denuncia   están:   la acción de inconstitucionalidad  que el masismo presentó al TCP,  el fallo de la reelección y   resultados  del 21F.   

El abogado Franco Albarracín indicó que en general la comisión se tarda hasta años en atender los casos y que  por ello realizaron un planteamiento innovador.  

“¿Cuál es la idea de esta petición?  y ¿por qué hemos innovado con esta denuncia? Nos estamos sometiendo al artículo 29 del reglamento de la CIDH. ¿Qué dice? Que cuando existe en un país una vulneración masiva a derechos humanos, la denuncia no entra a la cola y la CIDH la deberá tomar con prioridad”, explicó. 

El jurista afirmó que  en Bolivia no se vulneraron los derechos de dos  o tres personas, sino que se afectaron  los derechos de más de dos millones de bolivianos. “Es una situación masiva y la CIDH tiene la obligación de ver con prioridad el caso, atenderlo y recibir las denuncias de todos los ciudadanos bolivianos”,  aseguró. 

En ese sentido, el abogado llamó “a cada uno de los bolivianos” que votó “No”  a  pasar por las oficinas de DDHH o  estar  atentos a la campaña que impulsarán “sobre cómo presentar una denuncia ante el sistema interamericano”.

El diputado oficialista David Ramos dijo que los exdefensores Albarracín y Villena “tienen todo el derecho” de acudir a las instancias que fueran necesarias. “No tenemos por qué objetar”, afirmó. 

En la parte peticionaria también figuran Remberto Cárdenas, presidente  de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y  Sandro Fernández, secretario general de esa entidad.

Ante  la CIDH

• Denuncia Waldo Albarracín, Rolando Villena y dos representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia  anunciaron que presentarán   hoy del caso  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
• Pruebas Entre las pruebas que adjuntan   están:  la acción de inconstitucionalidad abstracta que el masismo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; la sentencia de esa institución sobre la reelección;  los resultados  del 21F y certificados de sufragio de esa consulta.