Y es inútil porque los resultados de esta votación fueron conocidos en el momento mismo en el que se cerró el plazo para la inscripción de candidaturas. Desafortunadamente, ninguna de las nueve agrupaciones o alianzas políticas que participan en estas elecciones tuvieron el cuidado —o el tiempo— de presentar más de una candidatura. De haberlo hecho, las elecciones de hoy no solo hubieran resultado interesantes sino que habrían sido la primera práctica democrática para elegir candidatos que así, legitimados, recién irían a buscar el voto ciudadano para llegar a la presidencia y vicepresidencia del Estado.

Pero primó el caciquismo que es uno de los malos endémicos de la política boliviana. Los partidos y agrupaciones designaron sus candidatos a las primarias a dedo y estos fueron los únicos que se inscribieron. Por ello, nos encontramos ante un panorama en el que no hay opciones para los militantes, que son los que irán a votar. Una elección se realiza entre dos o más opciones así que las que se desarrollarán hoy ni siquiera merecen ese nombre. Lamentablemente, la normativa para estos comicios no prevé la posibilidad de que se suspendan si todas las candidaturas registran a un solo binomio así que se realizarán de todas maneras.

La Constitución Política del Estado reconoce al Órgano Electoral como uno de los cuatro poderes del Estado y, según el artículo 26, su máximo nivel es el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pese a ello, este cuerpo colegiado no tuvo la valentía suficiente de asumir su rol constitucional y decretar, en ese marco, la suspensión de estas elecciones por la inexistencia de más de una opción por cada partido o agrupación política. De haberlo hecho, le ahorraría al país los casi 27 millones de dólares que cuestan estos comicios.

¿Por qué no lo hizo? Tras haber habilitado primero al binomio oficialista, cuya candidatura va contra el artículo 168 de la constitución, y luego al Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a haber violado la norma que prohíbe la publicación de encuestas, ha quedado claro que el TSE es funcional al gobierno y, por lo tanto, viabilizará no solo su candidatura sino muy probablemente su reelección.

Al MAS le interesa que se realicen estas elecciones porque, tras la derrota sufrida en el referendo del 21 de febrero de 2016, necesita devolver la legitimidad al presidente Evo Morales. El fallo del Tribunal Constitucional que lo habilitó en noviembre de 2017, pasando por alto la constitución, no terminó de convencer a la gente así que el plebiscito de este domingo no es para elegir candidatos, que ya están definidos como tales, sino para dotar de un aura de legitimidad al binomio oficialista.

Para ello, no solo se está asignado recursos públicos —los casi 27 millones de dólares que cuestan estos comicios— sino que se está movilizando a la administración pública con el chantaje de la estabilidad laboral. Aquellas personas que accedieron a un puesto de trabajo gracias al MAS, tienen que devolver favores hoy no solo asistiendo a votar sino haciéndolo por el único binomio oficialista. Informes publicados por una radioemisora de La Paz, y replicados por algunos diarios ayer, dieron cuenta que el oficialismo contaría con una aplicación de internet para controlar a los servidores públicos en la elección de hoy.

Por tanto, estas elecciones son necesarias para el MAS, no para la población boliviana.