El gobierno del Plan de Todos, a sólo siete años de la hiperinflación, aprobó el 20 de abril de 1994, la Ley 1551, de Participación Popular (LPP); con un grado de temeridad incomprensible, la Ley maldita estableció los elementos que faltaban para recuperar la gestión del Estado y la democracia, en favor de la revolución ciudadana. Como consecuencia, se produjo una irrupción en su manifestación individual y colectiva, produciendo que los territorios tengan responsables con una diversidad de apellidos en el ejercicio del poder. De todos los pueblos y con vestimenta de todas las geografías.

Apareció la jurisdicción y competencia acompañada de recursos, transferencia directa y automática del 20% de los ingresos coparticipables, más 5% en favor de las Universidades. La República logró presencia física, con autoridad y servicios que empezaron a ser exigibles. Las funciones se expresaron con autonomía, radicada en municipios y ahora, gobernaciones y ella obligó a la inter-sectorialidad de sistemas integrados en Desarrollo Humano, Económico, Sostenible y Medio Ambiente. Esta forma de operación se reprodujo en todos los territorios de manera orgánica.

Los pueblos, naciones, comunidades y la sociedad civil dejaron de ser una referencia corporativa para convertirse en soporte directo de la democracia, a través de las organizaciones ciudadanas que hoy en día compiten por la gestión y el poder.

Se le quitó a los burócratas la exclusividad en la inversión pública y con la planificación participativa, los “ignorantes” definieron lo que necesitaban, imponiendo transparencia. Se descubrió la Inversión concurrente de esfuerzos con actores públicos, privados y sociales para el desarrollo. Los hospitales, las escuelas, los mercados, la inversión productiva, el turismo, con dolor para el presidente y los ministros, dejaron de aprobarse en la ciudad de La Paz y en las capitales departamentales.

El ordenamiento territorial produjo distritos indígenas, mancomunidades municipales, comunidades productivas, TCOs (Tierras Comunitarias de Origen) y áreas protegidas, que aparecieron de manera natural. Los ojos se abrieron para obligar al centralismo a sufrir la soledad angustiosa del prepotente al que se le impusieron limitaciones.

Suponer que la LPP es dueña de todas las virtudes resulta tan desproporcionado como negarla o desconocerla. En proyección, es un mojón sólido en la construcción democrática de nuestra sociedad. La dialéctica enseña que las acciones son producto de construcción inteligente y en ese momento, se aprovecharon decisiones de gobiernos anteriores. La Ley de Corporaciones, de Municipalidades, la Ley SAFCO y el Censo de 1992 fueron el marco para las decisiones del primer gobierno de “Goni”. Como lo es ahora la Ley de Autonomías que a los actuales funcionarios les cuesta reconocer sin atragantarse.

En recursos no, pero sí en la profundidad de las decisiones, la LPP le lleva varios cuerpos de ventaja a la gestión actual, esa es la diferencia con el enfoque mezquino que mantiene mi buen amigo Hugo Siles, Viceministro de Autonomías, quien gusta leerme y contestarme. Como yo a él.