Casi a tiempo se dio cuenta el Gobierno que había inflado exageradamente las expectativas sobre el acto electoral del domingo, pero jamás imaginó que el “autogol” tendría unas dimensiones tan grandes, comparables con el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el presidente intentaba poner sobre la balanza el cariño de la gente y para ello forzó una consulta que se convirtió en el más duro golpe de urna contra el “proceso de cambio”.

Un día antes de la votación del 27E, el vicepresidente redujo en un 20 por ciento las previsiones del régimen, que sueña desde hace mucho con sumar el 70 por ciento de aprobación y dijo que una asistencia menor al 50 por ciento sería preocupante. En teoría no había motivo de aflicción; el MAS había registrado más de un millón de militantes y con los 400 mil empleados públicos que hay en el país (en las matemáticas del vicepresidente solo aparecen 20 mil) y que fueron conminados severamente a ir a votar, hubiera sobrado para garantizar una cifra decente, mucho más si tomamos en cuenta el peso de los movimientos sociales, cuya lealtad supuestamente es indiscutible, pero que ya no se traduce en un caudal de electoral importante.

Para el régimen era vital un resultado apabullante en elecciones primarias. Si bien eran verdadero despropósito en términos jurídicos, tenían una gran importancia política que el propio gobierno les otorgó y que le resultaba imprescindible para deshacerse del estigma de la ilegalidad de la candidatura del presidente Morales, que ha violado todos los preceptos constitucionales y democráticos, pero que aún contaba con la chance de demostrarle al país y al mundo que todavía goza de un apoyo popular significativo.

Después de estos datos tan contundentes, no solo la ilegalidad de la postulación del binomio oficialista sigue siendo una pesada carga sobre sus espaldas, sino que la ilegitimidad ha sido ratificada, lo que consolida la ruptura constitucional y los coloca como usurpadores en caso de que Evo Morales y Álvaro García Linera insistan en figurar en la lista de candidatos en las elecciones generales de octubre.

No cabe duda que el Gobierno seguirá insistiendo en forzar las cosas, en imponer sus propias aritméticas y sus estrategias envolventes, pero el tiempo que le queda es cada vez más corto y tanto el contexto interno como el internacional están cambiando aceleradamente, al igual que las condiciones económicas, cada vez más desfavorables.

En estas condiciones, el régimen nacional se expone a un tratamiento similar al que está recibiendo el venezolano Nicolás Maduro, cada vez más acorralado y solitario en su empeño por conservar el poder, mientras la comunidad internacional, desde todas las latitudes, luce empeñada en preservar la democracia y no permitir que florezcan las dictaduras en el continente.

Después de estos datos tan contundentes, no solo la ilegalidad de la postulación del binomio oficialista sigue siendo una pesada carga sobre sus espaldas, sino que la ilegitimidad ha sido ratificada, lo que consolida la ruptura constitucional y los coloca como usurpadores en caso de que Evo Morales y Álvaro García Linera insistan en figurar en la lista de candidatos en las elecciones generales de octubre.