Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: sábado 27 de enero de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Revocatoria de mandato
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Son solicitudes de iniciativa popular, por lo que ciudadanos y organizaciones son promotores de la revocatoria que involucra, de forma particular, a autoridades municipales.
La planteada contra el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, fue rechazada, y está en análisis la presentada contra la primera autoridad de Potosí, Juan Carlos Cejas.
“Con este procedimiento se está garantizando el ejercicio del derecho constitucional de revocatorio de mandato, que acompaña el derecho constitucional a la elección de autoridades. Es un proceso complejo que debe seguir diferentes etapas, la más difícil es la recolección de adhesiones, firmas y huellas dactilares”, explicó Exeni.
Del total de solicitudes, 11 son para revocar al alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos Villalba. El reglamento establece que se acepta la primera solicitud y las demás se adhieren.
El lunes 5 de febrero vence el plazo para presentar las solicitudes de revocatoria de mandato.
Los promotores tienen 90 días de plazo para conseguir el porcentaje de firmas y huellas dactilares de los ciudadanos empadronados.
Para el caso municipal se debe recolectar el 30%, y el 25% en el caso departamental. Cumplido el plazo, los TED tienen 60 días para la revisión de firmas y la verificación de los porcentajes establecidos.
En La Paz
El TED La Paz recibió nueve pedidos de revocatoria, de los cuales cuatro fueron aceptados, ya que cumplían los requisitos formales. Se trata de San Buenaventura, presentado por Francisco Javier Delgado Callisaya; Ayata, por Benancio Lima Huanca, y Coripata, por Armin Lluta Chuquimia, y contra los 10 concejales (cinco titulares y cinco suplentes) de Santiago de Huata.
El presidente del TED, Antonio Condori, informó que la Secretaría de Cámara analiza las solicitudes contra autoridades de Alto Beni, Viacha y Coroico.
En tanto, fueron archivadas las solicitudes contra los alcaldes de las ciudades de La Paz y El Alto, presentadas por las juntas vecinales de ambas ciudades.