EL DEBER conversó con tres ministros ratificados el martes. La de Comunicación, Gísela López, que admitió que en esta nueva gestión debe eliminar una “debilidad de siempre”, la falta de difusión de la gestión del Gobierno.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, que atendió el requerimiento desde Holanda, fue más concreto aún: “En todo país, en todo Estado, se deben respetar las normas y las sentencias de los tribunales, ahí radica la base del estado de Derecho. Más si hablamos del Tribunal Constitucional que es el que  interpreta  y es guardián de la CPE. Esto no vincula solo al presidente sino a muchas otras autoridades. Su cumplimiento es obligatorio. No podríamos esperar que Chile cumpla una sentencia internacional si nosotros no cumplimos los fallos”.

El Gobierno tampoco cree que sea necesario recomponer las relaciones con los sectores sociales. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, recalca que no hay ninguna disposición en ese sentido, porque las relaciones con los sectores son óptimas, “más bien yo le diría que debemos profundizar” las relaciones. Dijo que el roce con la COB fue solo con su ejecutivo Guido Mitma, y que los otros sectores se reúnen constantemente con el presidente. 

Asegura que no se ha logrado visibilizar las obras. Por ello, anuncia campañas para difundir, por ejemplo, los récords del teleférico y las megaobras; la construcción de 49 hospitales en todo el país, como nunca antes; los avances en medicina nuclear, la industrialización, la reducción de la pobreza, el crecimiento del empleo y otros temas de índole económica.

El caso Zapata, según el Gobierno, generó la derrota en el referéndum del 21-F.  

Luego, a fines de 2017, otra movilización comenzó con los médicos y continuó con comités cívicos y colectivos que generaron una intensa protesta en Santa Cruz de la Sierra y en el resto del país; manifestaciones de organizaciones religiosas, periodistas, gremiales y otros sectores pugnaron por la abrogación del Código del Sistema Penal y el respeto del referéndum que en 2016, en sus resultados, le dijo No a la habilitación de Evo para 2019.

Por primera vez, desde que el MAS controla los dos tercios de la Asamblea, tuvo que retroceder en una ley promulgada (el ‘gasolinazo’ de 2010 fue un decreto) y eliminó un código penal de más de 680 artículos que demandó hasta tres años de trabajo legislativo.

Ante ese panorama, cuando se le pregunta a López si es que trabajará en una campaña para recomponer la imagen presidencial, ella responde que “la imagen de Evo Morales está posicionada a nivel internacional, cuando se habla de marca país se la relaciona directamente con su figura”.

Afirma que la estrategia de la oposición es contrarrestar “una revolución exitosa con mentiras y corresponde al Estado visibilizar la verdad; es lo que haremos”.

El Gobierno no acepta que la repostulación, vía fallo del TCP y por encima del 21-F, pudo haber desatado el malestar masivo en la población. “Es una construcción de la oposición que usan los medios al servicio de la derecha como instrumentos de difusión”, afirma.
No se dará un paso atrás con la repostulación, porque, según ella, el Gobierno tiene “todos los argumentos jurídicos del derecho nacional e internacional que respaldan la nueva candidatura”.