La cita popular de que el fin justifica los medios parece ser aplicada por oficialistas y opositores en su infatigable búsqueda de controlar el poder. La discordia crece y advierte de una lucha sin cuartel que puede derivar en desenlaces inciertos. Las fuerzas políticas asumen posiciones irreductibles que nada bueno presagian para el país.

La verdad, como siempre es la primera víctima de las confrontaciones partidarias, pese a que ya la ciudadanía no se deja engañar. Los politiqueros parecen fieles seguidores de Nicolás Maquiavelo, que decía en sus escritos “yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla”.

Las dudas, razonables o no, sobre la transparencia electoral fueron transmitidas por los grupos opositores a la misión de la organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra en Bolivia. Los precandidatos de la oposición a la Presidencia se reunieron con la misión de observadores que llegó al país para informarles sobre la situación en la que se irá a las elecciones generales y los motivos por el que piden a sus militancias no ir a votar este domingo.

El exvicepresidente del MNR y candidato actual por UCS, Víctor Hugo Cárdenas dijo que el acto del domingo “no son elecciones ni son primarias, es un truco y un pretexto para legalizar la candidatura de Evo Morales y de Álvaro García Linera”.

Comités cívicos, partidos de la oposición y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) cuestionan estas elecciones y han acordado una serie de acciones en defensa del proceso democrático, entre ellas han convocado a los militantes a no votar en las primarias y que simplemente los dirigentes de los partidos efectúen una votación simbólica en lo que consideran “un simulacro de primarias”. Asimismo, han decidido pedir la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Bolivia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reunirá en Sucre, por las violaciones a la Constitución Política del Estado, la habilitación ilegal de la candidatura de Morales, y por el desconocimiento de la voluntad ciudadana reflejada en el referendo del 21 de febrero de 2016. La CIDH desarrollará sus audiencias públicas por primera vez en la capital de Bolivia del 7 al 16 de febrero próximo, en el marco de su 171º periodo de sesiones.

Pero de acuerdo con normas internas del alto órgano de los derechos humanos de la OEA, en la agenda no podrá incluirse casos relaciones al país anfitrión. En este complicado escenario político los opositores aparecen divididos e incapaces, hasta ahora, de formar una fuerza que aglutine a todos los que defienden la democracia, que tenga posibilidades de hacer frente al MAS, que cuenta con todo el poder del Estado a su servicio.