Al pueblo boliviano le consta que cada partido registrado ante el TSE ha presentado un candidato a la Presidencia y uno(a) candidato (a) a la Vicepresidencia, mismos que no tienen contrincantes al interior de su partido, motivo por el que no se requería ir a un proceso de elecciones primarias.

Esta demás recordar a los “especializados veedores”, que deben pedir al TSE certifique ¿qué militante, nombre, apellido, cédula de identidad -de partidos inscritos-, se registró como candidato opositor, para terciar en determinada sigla?

Quienes desde el oficialismo pensaron que era una jugada hábil para consolidar la inscripción de los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, se equivocaron como la exministra Gisela López al haber hecho publicar una encuesta fantasmal, pagada con dineros de dicho Ministerio, es decir con dinero de los bolivianos.

Mientras la labor de los veedores de la OEA se circunscribirá a ver, constatar, que no hay dos o tres candidatos en una misma sigla, para de entre ellos los militantes escoger a alguno que en mayoría absoluta o relativa, los represente como candidato oficial de su sigla política a las elecciones generales de octubre, lo interesante será que la exministra Gisela López haga llegar al TSE, con copia a los veedores, informe sobre el monto de dinero que gastó en propaganda oficial y cuánto pago por la solicitada, en medios impresos, dizque, elaborada por una desconocida “empresa encuestadora” que no hizo muestreo previo y seguramente recibió muchísimo dinero para que se utilice su membrete, fantasmal, con intención de hacer creer a los lectores de los medios pagados, que el actual mandatario subió en la preferencia de voto de los ciudadanos, en otras palabras, como dijo el jefe del MIP, Felipe Quispe, el Mallku, “la exministra López jodió al MAS y puso al descubierto la facilidad con la que se puede mentir creyendo que el pueblo tiene amnesia” anterógrada.

Los veedores, deben pedir al actual Ministro de Comunicaciones, certifique, informe, revele, quienes son los directivos, personeros legales, gerentes, de la empresa encuestadora y cuánto pagó la exministra, para hacer publicar una “encuesta” que nunca se realizó.