No se trata de una novedad. El aparato oficialista mantiene su línea de control y lo demostró al despejar una de las últimas trabas en su carrera electoral y lograr que el Tribunal Supremo Electoral se declare sin competencia para tratar una denuncia de la oposición contra el MAS por vulnerar las normas electorales. Recordemos que la denuncia fue presentada contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por difundir una encuesta que favorecía al presidente Evo Morales, cuando lo prohíbe la norma electoral.

La denuncia fue respaldada en el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que prevé sanciones contra quienes difundan resultados de encuestas preelectorales sin estar habilitados por el Órgano Electoral, fuera del plazo fijado por ley o que no cumplan criterios técnicos. De acuerdo a la norma, las organizaciones políticas que infrinjan la disposición deben ser sancionadas con la cancelación de su personería jurídica. La encuesta fue difundida por diferentes medios y daba cuenta de una intención de voto que favorecía a Morales.

Ahora le toca al nuevo gabinete enfocarse en los objetivos señalados por el Presidente, que en su nuevo equipo confirmó a 13 ministros y cambió a 7. Algunos reasumen funciones, otros llegan desde la Asamblea Legislativa o de cargos en instituciones. Los nuevos ministros son Juan Ramón Quintana, que volvió como ministro de la Presidencia; Luis Arce, retoma Economía y Finanzas Públicas; Nélida Sifuentes, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Óscar Coca, ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas; Milton Gómez, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Gabriela Montaño, ministra de Salud; y Manuel Canelas, ministro de Comunicación.

La misión del nuevo gabinete, sin duda, será mitigar los efectos negativos que dejó la gestión operativa de gobierno que mostró errores e inocultables fallas. Algunas políticas erradas hicieron perder al oficialismo el respaldo nacional con el que llegó al poder el 22 de enero de 2006. En ese momento, también la comunidad internacional miraba a Evo Morales como el líder indígena que derrotó a los gobiernos corruptos del pasado y que, por el masivo apoyo ciudadano, ofrecía la esperanza de unir a los bolivianos en un proceso de cambio inclusivo, que dejara atrás la discriminación, la injusticia y la permanente violación a los derechos humanos.

Pero a 13 años de haberse sembrado esa semilla de esperanza, contradicciones, torpezas, agresiones, transgresiones a la Constitución Política del Estado; violaciones a los derechos humanos con una represión a los indígenas; el descontrol del sistema judicial, que según reconoció el propio gobierno, está contaminado por jueces y fiscales deshonestos, abogados prevaricadores y policías corruptos, ha dejado una imagen difícil de borrar.

Con una serie de normas legales el Gobierno ha buscado luchar contra la corrupción, pero la falta de control ha ensombrecido una opción que llegó al poder en Bolivia, por primera vez en la memoria democrática, con el respaldo de más de la mitad de los electores, y con la simpatía internacional.

Hoy la situación es distinta. Organismos internacionales y la comunidad democrática global observan las violaciones a las leyes y los derechos civiles en el país. Internamente, la derrota de Bolivia en La Haya, donde una sentencia no solamente rechazó la demanda boliviana, sino que determinó que Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida al mar, es un duro golpe que el pueblo boliviano no podrá olvidar.

De todas maneras, todavía existen factores que permiten al gobierno mostrar algunos éxitos que se traducen en notables logros en la gestión económica, al alcanzar estabilidad y todavía contar con altas reservas monetarias; récord en las exportaciones y más obras en este tiempo que en las anteriores dos décadas. Todo hace pensar que el Gobierno comienza una etapa en la que su mayor esfuerzo estará destinado a procurar quedarse en el poder, ya en su mensaje presidencial, Evo Morales anunció sus planes hasta 2025.