Prometió que el precio de los servicios básicos, del gas y de la energía, serán accesibles y que no volverá el racismo. “Los pobres y los humildes seguiremos siendo una prioridad para el Estado”, dijo el mandatario. Entre los anuncios más importantes dijo que “en los próximos días habrá novedades sobre las reservas de gas, nuevos mega campos”. Aseguró que la renta petrolera alcanzó una cifra de 37 mil 484 millones de dólares desde 2005 hasta 2018. Detalló que “mínimo en 2025 Bolivia tendrá más de 50.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto”, que ahora llega a 40.000 millones de dólares.

Anunció también la jubilación obligatoria con la finalidad de reducir el nivel de desempleo en el país, que ahora llega al 4,27%. Reiteró que está garantizada la estabilidad económica y la inversión pública más alta de la historia, además de reiterar los logros de su gestión, efectuando comparaciones con el pasado, como lo hiciera en casi todos sus informes efectuados hasta ahora.

Otro anuncio fue la creación de una Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata para combatir la corrupción, con la potestad de intervenir en todas las instituciones públicas del país. Morales sostuvo que esa instancia tendrá la potestad de actuar “directamente en cualquier institución pública”, donde existan indicios o denuncias de hechos de corrupción. “Es una lucha desde el momento en que llegamos (…), sea militante o no militante, sean autoridades o no, y quiero decirles cero de tolerancia a la corrupción”, remarcó.

También se refirió a la aplicación del Sistema Único de Salud, señalando que el 51% de la población tendrá acceso a la atención médica gracias al SUS. Calificó de “enemigos de la vida” a los que se oponen a la aplicación de ese servicio. Entre otros temas, se refirió a la derrota de Bolivia ante Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima. Insistió que “debe explorarse situaciones en las que todos se sientan ganadores y no perdedores” y que “el pueblo boliviano debe tener plena certeza que nuestra demanda de un pleno acceso al mar está más vigente que nunca”.

Sin duda el mensaje que esta vez fue menos extenso a lo acostumbrado refleja la posición y la creencia del Gobierno en sus acciones, destacando los resultados como ciertos e indiscutibles, con una aparente seguridad de que se va por el buen camino. Pero para nadie es un secreto que existen una serie de errores, deficiencias, fallas e imprevisiones que el gobierno mitiga o simplemente ignora. Para el país y las normas internacionales, Bolivia perdió su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el problema marítimo. Hay una sentencia clara e inequívoca que no da lugar a duda alguna. Ante esas evidencias, ¿los bolivianos debemos sentirnos “ganadores” como dice el Presidente?

La corrupción se ha incrustado en el actual gobierno desde 2006, nadie puede olvidar los sobornos de YPFB que terminaron en la muerte de un empresario; los camiones de contrabando que pasaron en línea favorecidos por alguien, los miles de millones desaparecidos del fondo indígena, por citar algunos casos. Eludir el tema de la situación de la justicia o la policía demuestra que la impunidad cabalga a todo galope. ¿Se puede tolerar que se minimice la existencia comprobada de consorcios de jueces, fiscales, abogados, policías y otros? ¿Se puede ignorar las violaciones a la Constitución Política del Estado y la forma como se desconoce la voluntad ciudadana reflejada en las urnas? ¿Cuándo se informará de los estados de resultados de las gestiones anuales de las empresas estatales? ¿Cuál es la situación real del narcotráfico en el país? ¿Cuántos bolivianos trabajan en el mundo informal? Son muchas las interrogantes que quedan en el ambiente que los mensajes ni informes oficiales explican. En la actualidad ya no son suficientes los discursos y promesas, son las acciones y los resultados los que cuentan, y las que el ciudadano valora.