La CDI se aplica cuando se produce “crisis democrática” en un país y la respuesta inmediata son las gestiones diplomáticas y los mecanismos de diálogo.

La eventual aplicación de la CDI no es sinónimo de «sanción” o exclusión automática de la OEA como primera acción.

La aplicación de sanciones sólo tiene lugar si fracasan las gestiones diplomáticas y el diálogo. No obstante, el artículo 20 prevé una excepción: “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro, o el Secretario General” puede convocar una reunión inmediata de la OEA “para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que considere conveniente”.

El grado de “gravedad” es algo que debe decidir el Consejo Permanente por mayoría simple de 18 votos. Esa “apreciación política”, no jurídica, puede sancionar al Estado con la exclusión de la OEA.

En el caso de Bolivia ¿podrá la acción de la oposición alcanzar los 18 votos de países que aprecien la “gravedad” de la situación democrática? Quizá tendría que pensarse que el proceso puede abrirse haciendo lobby ante los países miembros de la organización que no están de acuerdo con el régimen de Morales, para pedirles autoricen el conocimiento y discusión de la “crisis boliviana” al Secretario General.

La comunidad internacional conoce que Bolivia vive “crisis democrática” bajo un régimen, a quien el TCP le otorgo sin competencia “Legalidad” para ejercer un tercer mandato; un régimen donde servidores públicos violan los DD.HH. Donde no existe independencia de Poderes, ni se respeta los derechos de la oposición política, atributos estos que definen la democracia y el Estado de Derecho.

Con un Poder Legislativo que está supeditado al Ejecutivo; en el que el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral son “apéndices del Ejecutivo que ejecutan sus decisiones”, así aseveran parlamentarios de UN, del Partido Demócrata, Partido Cristiano, donde la persecución política es judicializada y en el que “los medios de comunicación son asfixiados económicamente y los periodistas amenazados”, como advirtieron la Asociación Nacional de la Prensa y las Asociaciones de Periodistas de Bolivia.

A lo que se podría apelar de inmediato, por estrategia, es que algún Estado (tal vez Brasil, Argentina, Paraguay o Colombia) promueva una Resolución del Consejo Permanente, en aplicación de la Carta, interpelando al régimen del Presidente Morales y disponga el envío del Secretario General o un alto comisionado a Bolivia para llevar a cabo gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

El régimen no podría invocar el concepto “soberanía” ni el principio de “no injerencia en los asuntos internos de los Estados” para evadir responsabilidad, porque Bolivia es suscriptor de la Carta.

Sin embargo, además de implicar un largo procedimiento, en Bolivia el dialogo está excluido y la OEA carece de mecanismos coercitivos efectivos para hacer cumplir sus resoluciones, por lo tanto, solo los bolivianos, con nuestras propias soluciones, podemos recuperar la vigencia del sistema democrático con plena soberanía, independencia, respeto a las libertades, ajena a ideologías foráneas.

Por lo expuesto la oposición política debe recordar que no se puede gestionar directamente ante la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) contra el gobierno de Evo Morales.

Solo los Estados y el Secretario General están legitimados.