En países como Bolivia, y en general en América Latina, los procesos de autodeterminación y soberanía nacional son momentos de modernización y como tal conllevan también procesos del ejercicio de la soberanía. Estos procesos, para culminar exitosamente, deben encarar la constitución de lo que se denomina “eje estatal”, así como la creación y socialización de la simbología nacional correspondiente. Todo ello forma parte de requisitos presentes en la estructuración de los Estados nacionales. A diferencia de los países capitalistas desarrollados, aquí estas obligaciones son cubiertas en procesos históricos distintos por doble partida: primero, por el tiempo en el que tienen que ocurrir en América Latina y en segundo término, por la duración que les demanda ese tiempo. La velocidad temporal de estos procesos en nuestro continente es por tanto distinta a los tiempos ocurridos en Europa, por ejemplo. En el caso del tiempo en que se diera la formación de los Estados nacionales del viejo continente, es claro que hablamos de los procesos históricos de desarrollo del capitalismo. Procesos que desarrollaron al capital desde su dimensión nacional hasta su dimensión mundial. En los países de América Latina, mientras tanto, hablamos de los esfuerzos por cumplir la tarea de la organización de su Estado nacional cuando el capital ya ha adquirido la dimensión mundial. En estas condiciones solamente el empuje nacional, en cada país, reúne la necesaria fuerza como para crear Estados nacionales. 

Con ello cada país vive periodos verdaderamente históricos. Esos momentos son los períodos de autodeterminación nacional. Se trata de momentos que se forman como resultado de procesos sociales en los que se acumulan experiencias históricas políticas y demandas nacionales; todas ellas tendientes al ejercicio nacional de la soberanía. La manera en que ésta se ejerce es por medio del Estado. Siendo el Estado también una relación social, recibe los impactos de la sociedad en actitud de autodeterminación. Uno de los impactos es de manera directa y se refiere al encuentro de la sociedad con su Estado. Otro impacto tiene que ver con la “recepción” estatal de tal encuentro, para adecuar sus estructurar al mismo. Se trata por tanto de un impacto indirecto, debido a que dicha adecuación es el resultado de las políticas puntuales que los administradores del gobierno (o Estado político) asumen. 

En el caso boliviano puede verse con claridad que la maduración de un proceso autodeterminativo nacional quedó abortado. Que un proceso social de tales dimensiones aborte puede deberse al menos a tres factores. Uno, nos dice que el proceso no había terminado de madurar, al menos en la formulación de un proyecto político nacional y estatal de carácter democrático. Un segundo factor está dado por la tradicional debilidad institucional boliviana como para recibir el empuje de aquél proceso social. Por último, a la manera en que la sociedad se gobierna. Recordemos que ninguna sociedad se auto-gobierno de manera directa, sino siempre por medio de estructuras representativas. Bajo la visión “realista” de la política, son los operadores de estas estructuras los que, en último término, adoptan las políticas estatales a seguir, aunque en los límites establecidas por la sociedad. La combinación de estos tres factores facilitaron a un partido como el MAS, sin programa, sin principios ideológicos y estructura política, asentado en organizaciones sindicales cuando la crisis nacional alcanzó su mayor nivel, a hacerse del gobierno. 

Como lo reconociera Filemón Escobar, en tono auto-crítico pocos años antes de su fallecimiento, fue un error haber impulsado, desde principios de la década de 1990, al liderazgo político a hombres sin convicción democrática. Claro que estos hombres, a su vez, representaban a sectores sociales con igual baja convicción democrática representativa y más aún, dentro de estos sectores, representaban a las élites sindicales, devenidas luego, en el gobierno del MAS, en los nuevos grupos de ascenso social, vía corrupción en la administración pública. 

De esta manera, objetivamente, desde el gobierno el MAS ha desmantelado el proceso de autodeterminación nacional, al desinstitucionalizar la estructura estatal. Esta desinstitucionalización ha consistido, como la opinión pública sostiene desde hace mucho tiempo, en la subordinación del poder judicial, la policía, el ejército, el tribunal electoral (entre los principales, de una larga lista) a los intereses particulares de las élites del MAS. ¿Qué relación guarda el proceso social con la conducción estatal? Desde ya, guarda una muy estrecha relación. En los países latinoamericanos el Estado es una apoyadura imprescindible para los procesos de soberanía nacional, a condición que el Estado mantenga una relación fluida con la sociedad. Ello supone, a su vez, que el Estado fomente el desarrollo de un sistema de mediación con la sociedad; instancia que para mediar con eficacia no puede sino ser democrática. Recordemos que el MAS ha desmantelado precisamente la -aunque modesta- estructura de mediación existente, por medio de la desinstitucionalización. De esta manera ha debilitado al propio sistema estatal boliviano y el Estado, bajo la administración de Morales, se ha visto impedido de alcanzar, a pesar de condiciones sociales y políticas favorables, aquél requerido “eje estatal”, según la terminología sociológica. 

El tiempo del Estado no se mide por el tiempo de sus pasajeros administradores, ni siquiera se mide por coyunturas, sino por períodos históricos. Puede decirse que, para el caso del Estado boliviano, el tiempo del que hablamos cubre al menos las dos últimas décadas. En tal sentido es del todo válido afirmar que al abortar el proceso boliviano, el país ha perdido una nueva oportunidad para establecer un eje estatal. No es la primera vez que en la historia de los países latinoamericanos, la grandiosidad de momentos nacionales es abortada por la presencia de opciones políticas mezquinas, enanas y en definitiva miserables. Incluso, en estas condiciones, es del todo válido conjeturar, que para el (des)propósito del MAS, poco antes de las elecciones del 2005, la declaración del entonces embajador norteamericano atacando a Evo Morales no fue un error diplomático. Lo que a Estados Unidos (EEUU) estratégicamente le interesaba era desactivar el proceso socio-político boliviano, antes que la presencia de un gobierno surgido al calor de la movilización sindical y completado por tantísimos arribistas funcionarios de Organizaciones No Gubernamentales, ex-militantes de los partidos políticos que la crisis nacional había inutilizado y desesperados desempleados de las clases medias. 

Y en efecto, la orientación antidemocrática del gobierno del MAS, apenas asumió la administración estatal, ha demostrado no únicamente que se trataba de un gobierno del todo inofensivo para los intereses estratégicos norteamericanos sino, en lo principal, que Evo Morales y los suyos representaban, aquél entonces, la mejor opción para cumplir con el verdadero propósito, cual era desactivar el proceso boliviano y evitar que éste devenga en eje estatal. El MAS cumplió (no importa si en forma consciente o inconsciente) al pie de la letra aquella demanda, porque los efectos provocados por la desinstitucionalización y las constantes amenazas a las libertades democráticas fueron eficaces para desmontar la agregación nacional lograda hasta el 2005. Esto quiere decir que el empeño anti-nacional del MAS (consistente en la desinstitucionalización y la amenaza a la democracia) ha puesto la perspectiva de la soberanía nacional y la conformación por tanto de un Estado nacional, en un tiempo más lejano que cuando asumiera el gobierno. Hoy puede decirse que el tiempo para eregir un posible Estado nacional soberano ha sido desperdiciado, en este período. 

La corrupción rampante y sin disimulo alguno que caracteriza a este gobierno, así como los actos de total desprecio al país, a su historia y a sus símbolos (como la pérdida del medallón y la banda presidencial a las puertas de un burdel) son solamente la nota folklórica de esto que, gracias al gobierno de Morales, se parece otra vez a una “nación bananera” de mediados del siglo pasado. Ni qué decir del extravío en el que se encuentra el servicio diplomático boliviano. La mancomunidad, en el escenario diplomático del  hemisférico, del gobierno boliviano con gobiernos repudiados internacionalmente por sus impulsos asesinos para contra sus propias sociedades, como los de Venezuela y Nicaragua, completa esta carácter anti-nacional, al colocar al país en situación de aislamiento internacional.