Desde 2011 el oficialismo viene erosionando sistemáticamente el sentido y el valor del voto ciudadano, es decir, que está llevando la democracia a su cancelación práctica.
  
La frustración de las elecciones judiciales de ese año, en que las principales autoridades de ese ámbito fueron nombradas pese a que los votos blancos y nulos alcanzaron el 60%, se reprodujo en 2017 con similares resultados y consecuencias. En ninguna de esas ocasiones fue tomado en cuenta el rechazo mayoritario expresado por los electores. El principio democrático fue invertido: se impuso la voluntad de la minoría.
  
Más grave aún fue lo acontecido con el referendo del 21 de febrero de 2016. Convocado para aprobar o no la modificación del artículo 168 del texto constitucional que establece una sola reelección continua para el presidente y el vicepresidente del Estado, la negativa al cambio de esa disposición alcanzó el 51.3%, pero el grupo gobernante –que se había comprometido a aceptar la voluntad popular así hubiese una diferencia de “un solo voto”– desconoció el triunfo del NO y renegó de su propia palabra.

Para confirmar esa arbitrariedad, no tuvo miramiento alguno y violó abiertamente la Constitución Política del Estado, modificándola de facto con una determinación apócrifa del pro-gubernamental Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya misión más bien era asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la carta fundamental (como que el árbitro de un partido de fútbol cambiara las reglas del campeonato para favorecer a un equipo). El atropello se completó con la aprobación del reglamento de las elecciones primarias precipitada y oportunamente creadas por el también pro-gubernamental Tribunal Supremo Electoral, que después habilitó sin ruborizarse y contra la Constitución a la dupla oficialista.

Si el supuesto propósito de tales comicios era “fortalecer la democracia interna de los partidos” dando la opción a sus militantes de elegir a los mejores candidatos en cada caso, tal objetivo quedó anulado en el momento mismo en que cada agrupación inscribió apenas a un binomio. Una “elección” tal es absurda –los ciudadanos no elegirán nada–, además de ser también ilegal e ilegítima por el contexto violatorio de la carta fundamental en que fue promovida.
  
En una democracia, el voto es la expresión cuantificable de la voluntad popular y, por ello, tiene efectos de poder tanto en la conformación de un gobierno como en el contenido y orientación de sus determinaciones y políticas. El voto es la síntesis del criterio, la decisión y la voz de los mandantes, los cuales deben ser acatados (y no “atacados”) indefectiblemente por los mandatarios.
  
En Bolivia, el voto estaba fundado en el principio constitucional de que “la soberanía reside en el pueblo” (Art. 7) y en la garantía de los derechos ciudadanos. Sin embargo, ¿de qué democracia se puede hablar en el país cuando la Constitución dejó de ser la norma suprema, el voto no define nada y la soberanía del pueblo se la arrogan 5 sujetos que manejan los hilos de la marioneta?
  
Todos estos antecedentes y el triunfalismo anticipado de Evo Morales sólo confirman que el segundo simulacro electoral de este año, previsto para octubre, además de estar viciado de nulidad por su carácter anti-constitucional, será simplemente la quinta ocasión en 8 años en que el sufragio ciudadano será usado para hacer creer que aquí se tiene democracia.
  

Esta deliberada y maligna inutilización del voto está terminando con los avances que, en el papel, se había logrado en materia de democracia directa y participativa. Pero ello no es lo peor, que está más bien expresado en el fin de la vida en democracia, pues desde 2011 votar en Bolivia es un formalismo hueco que apenas sirve para “elegir” al que ya estaba elegido.