El autoritarismo, la intolerancia y luego la persecución de toda disidencia fracturó partes sensibles de los valores democráticos y de las libertades ciudadanas. El hegemonismo fracturó la institucionalidad de los poderes públicos, copándolos y subordinándolos. El despilfarro de los ingentes ingresos públicos malogró las posibilidades de un desarrollo económico alternativo. Y, finalmente, una fractura central en el vaciamiento del proceso fue la fractura de lo “indígena”, con motivo del extractivismo que hizo trizas los supuestos contenidos “plurinacionales” e indígenas, arremetiendo contra la Madre Tierra, reprimiendo violentamente a los pueblos de tierras bajas echando por la borda los componentes indígenas de la inclusión.

Fueron esas cinco fracturas las que agotaron el proyecto del MAS. Pero es probable que esas fracturas se hubieran mantenido solo en el nivel de los análisis políticos, si es que juntamente con ellas no se producía la fractura de la Constitución con el prorroguismo, derrotado el 21 de febrero, pero impuesto primero por el Tribunal Constitucional y luego por el Tribunal Electoral.

Producidas las fracturas y el agotamiento, está claro que después de 13 años el destino del país vuelve a ser incierto; el empleo sigue siendo precario, la pobreza y las desigualdades persisten, la delincuencia y la inseguridad se agravaron, la salud y la educación no son atendidas, y los gobernantes están otra vez de espaldas a la gente. Y lo que se ve con claridad después de 13 años es el achicamiento del bloque en el poder y su progresiva desarticulación, expresada en sus conflictos internos, en la disidencia cocalera, en la disidencia indígena, en la contestación  rural, en el impulso independentista de varias organizaciones populares, y que desde un primer  momento se reflejó en el abandono de las clases medias.

Pero al mismo tiempo que ese bloque empieza a desagregarse, está clara la visibilización de un nuevo bloque social en emergencia, un nuevo bloque social que, desde el 21F es mayoría electoral, que toma la calle, que se alimenta de la emergencia ciudadana, de la disidencia popular y de la oposición político partidaria. Es que, agotado el modelo estatal autoritario, hoy hay que dar una batalla central al prorroguismo en la perspectiva de propiciar una transición que permita la renovación de los valores de la democracia boliviana.