Acosta fue parte de la comisión que en agosto del año pasado llegó a Bolivia y visitó el TIPNIS. Esta comisión hizo conocer en las últimas horas su informe que señala que el gobierno boliviano violó los derechos de la madre tierra en esa reserva natural con todas las acciones que llevó adelante en su intención de construir una carretera por el medio del parque.

El informe sugiere al Tribunal de Defensa de los Derechos de la Naturaleza establecer un fallo contra el gobierno de Bolivia.

“El Polígono 7 se ha convertido no en una amenaza, sino en un problema para el TIPNIS. La expansión de la frontera del Polígono 7 viene de la mano de la deforestación, destrucción del suelo y del agua, de los cultivos de coca, muchos de ellos sirven luego para alimentar el narcotráfico”, declaró Acosta.

Hizo conocer su preocupación por el sometimiento del que podrían ser víctimas los indígenas por parte de los campesinos productores de hoja de coca.

“Las comunidades indígenas en el Polígono 7 han sido de una u otra manera subordinadas por la lógica de los cocaleros. (…) Por ejemplo, escuchamos eso en la comunidad Trinidadcito, donde los indígenas nos dijeron ‘no queremos ser esclavos de los cocaleros, sirvientes de los cocaleros, queremos mantener nuestra cultura’, ese es el reclamo que recibimos”, manifestó el integrante del Tribunal de la Naturaleza.

No hubo consulta previa

Alberto Acosta aseguró que por toda la información que recabó la comisión que llegó a Bolivia el año pasado, se puede concluir que el gobierno boliviano también incumplió todo el procedimiento que se estable para la consulta previa a las comunidades indígenas.

“El gobierno dice que cumplió con todos los parámetros, nosotros hemos analizado con mucho detenimiento la información recopilada y vemos que no hubo una consulta previa porque se realizó dos años después de la aprobación del protocolo de financiamiento de la construcción de la carretera entre Bolivia y Brasil con la empresa OAS”, dijo Acosta.

Afirmó que la consulta realizada por el gobierno tiene una serie de inconsistencias que la hacen insostenible ante cualquier instancia de verificación.

“La consulta del gobierno fue precedida y acompañada por una serie de mecanismos que no garantizan la transparencia y la equidad; por ejemplo, regalos, prebendas, promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de libertad y buena fe. No se respetaron las normas y procedimientos propios de las comunidades indígenas”, sostuvo.

Acosta también indicó que el informe de la comisión observa que la consulta realizada por el gobierno no fue informada.

“No se cumplió la condición de informada en la consulta, porque no se presentaron los estudios sobre impactos ambientales. No hay un estudio de impacto ambiental sobre el tramo dos de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos”, señaló.