Y mientras en la era de las redes sociales el acceso a la información no encuentra restricción alguna, los principios deontológicos son vulnerados cuando esa libertad informativa se torna en un grotesco instrumento de manipulación de la palabra, de la consciencia colectiva.

En criterio de Josué Ramón Álvarez, el hecho no sería tan peligroso si no fueran las palabras el conducto por el cual se influye en el pensamiento y en el actuar del otro. Ya decía el filósofo francés Derrida que todo es texto y todo está relacionado con la palabra.

A la sazón, y dependiendo del tipo de información que se está manipulando y compartiendo, se puede sembrar en una colectividad una idea distorsionada de la realidad. Esto es precisamente lo que busca la desinformación que especula, que toca temas muy sensibles y que antepone la mentira a la verdad que construye puentes de solución a los conflictos de una sociedad.

Personas que normalmente consumirían noticias con moderación reciben una andanada de polémicas y debates políticos que incluyen falsedades y posturas extremas, lo que aumenta el riesgo de desinformación y polarización en grandes segmentos poblacionales.

Otro factor del que se vale la desinformación es el anonimato de quienes crean y distribuyen falacias barnizadas, por lo que la mentira digital en las redes sociales juega con ventaja frente a las informaciones verdaderas.

Ya en 1993, el experto en comunicación Ignacio Ramonet —citado por Semana— alertó sobre los peligros de lo que llamó la “censura democrática” producida en los medios a causa de la “asfixia y sobreabundancia de información”, que lleva a que los lectores no logren diferenciar entre la información de calidad y la desinformación.

Y en manos de la oposición neoliberal, la desinformación es utilizada en Bolivia como un arma para desacreditar al adversario político, como un aventajado actor del proceso electoral en marcha, cuya primera escala son las elecciones primarias del 27 de enero y cuyo objetivo supremo es restarle legitimidad a las elecciones generales de octubre próximo.

En ese contexto, no es casual que al unísono la oposición exija la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese pedido es consecuencia de su escaso apoyo popular y forma parte de un oscuro plan deslegitimador de los comicios de octubre.

La derecha reaccionaria sabe que el valor más importante de una sociedad democrática no es su institucionalidad, la igualdad ante la ley, la diversidad cultural, la tolerancia racial y religiosa o la libertad de expresión. Si bien son esenciales, hay un valor que está por encima de todo: la credibilidad. Así se explica su empeño por desacreditar al TSE y preparar el escenario propicio para disfrazar de ‘fraude’ su derrota electoral en octubre.

La propuesta de los viejos políticos es la privatización de las empresas públicas, la enajenación de la riqueza de la patria y el sometimiento de la soberanía boliviana al imperialismo, y tiene en la supuesta ‘defensa de la democracia’ la argucia para engatusar al electorado, a los votantes más jóvenes.

Además, el neoliberalismo instrumentaliza a su favor las encuestas que encarga, porque sabe que la desinformación incide en la decisión de los electores. Esa manipulación es un incentivo perverso: si aquello que las encuestas reflejan no se corresponde con lo que le conviene, difunde como verdadera información que es flagrantemente falsa.

Entonces, ante la grotesca manipulación de la palabra urge imponer la verdad, difundir información verificable y confiable, y así evitar que un pueblo desinformado sea fácilmente manipulado.

Ya lo dijo Andrés Querol, la manipulación del lenguaje va calando en el alma de las personas a través de palabras sueltas, expresiones y estructuras que son impuestas mediante millones de repeticiones y que son adoptadas mecánicamente como verdades de manera inconsciente.

Y ante la mentira opositora es menester que el pueblo conozca que con el gobierno de Evo se recuperó la soberanía y la riqueza de la patria, que la Bolivia de hoy lidera el crecimiento económico suramericano, que redujo los índices de pobreza, que incorporó a la clase media a más de 3,3 millones de sus habitantes y que industrializa sus recursos naturales.

Entonces, en las elecciones de octubre el pueblo no sólo elegirá un nuevo presidente, sino que dilucidará si Bolivia se suma a gobiernos neoliberales que pretenden dejar de lado procesos soberanos de integración como Unasur, Celac o el Mercosur, para establecer acuerdos de libre comercio que promueve Estados Unidos para desenterrar el ALCA.

En ese contexto, si la democracia se profundiza cuando es participativa y cuando los ciudadanos se involucran en los destinos de la patria, derrotar a la desinformación con la participación en las urnas de un pueblo informado es vital para defender la autodeterminación y allanar un triunfo electoral del Proceso de Cambio que consolide el desarrollo boliviano.