Las protestas empezaron en noviembre cuando los galenos decidieron organizar un paro médico contra el artículo 205 de ese Código, con el argumento de que criminalizaba a todo ese gremio. El 23 de noviembre empezó ese paro, que duró 47 días, hasta que el 4 de enero, apabullado por la protesta médica, el Gobierno decidió derogar el mencionado artículo además del 137, rechazado por los transportistas. Sin embargo, antes de ello, ya desde fines de diciembre, otros sectores se habían sumado a la batalla contra el código, como periodistas, organizaciones religiosas, defensores del medioambiente y los mencionados transportistas, entre otros. Y todos ellos recuperaron una demanda más profunda y de largo plazo: que se respete el resultado del referendo del 21F que rechazó que Morales pueda ser candidato en 2019.

El Gobierno pensaba que derogar los artículos 205 y 137 iba a ser suficiente para evitar que siguiera creciendo la efervescencia social. Pero ello no fue así y las protestas, y sobre todo unos contundentes paros cívicos, pusieron al oficialismo contra las cuerdas. Encuestas publicadas por éste y otros periódicos nacionales demostraron el rechazo generalizado a esta norma y finalmente el Presidente anunció la abrogación del código.

El anuncio, que fue hecho el domingo, es adecuado porque parece ser un intento de parte del Presidente de escuchar a las fuerzas ciudadanas y políticas que le exigían la abrogación de un código penal que necesitaba ser revisado y mejor socializado. Así que si un Gobierno pretende tomar decisiones que coincidan con las opiniones de la mayoría, en este caso el Ejecutivo actuó bien.

También puede ser una decisión inteligente desde el punto de vista táctico debido a que es posible que le reste presión a una situación de creciente convulsión.

Sin embargo, el problema de fondo no se ha resuelto. Este Gobierno decidió no acatar el resultado del referendo del 21F. Es uno de los pocos casos en la historia boliviana en la que un Gobierno anula una elección nacional. El sentimiento de robo de la soberanía popular, de violación a los derechos de los votantes y de que el Gobierno hará cualquier cosa por mantenerse en el poder, es lo que fogonean las protestas, que son casi diarias en el país. En ese marco, por primera vez en 12 años, manifestantes de varias ciudades salieron a protestar el lunes  contra las políticas del Gobierno y para “no escuchar a Evo”, que a esa hora leía su largo discurso ante el Legislativo al cumplir un aniversario más en el poder.

Es probable que el 21 de febrero, cuando se cumplan dos años del referendo, las manifestaciones sean también numerosas y que en general la inestabilidad se mantenga hasta los comicios de 2019.

Para Morales no será fácil seguir al mando del Estado con esas características y con una popularidad y una legitimidad decrecientes, según demuestran diversas encuestas. Junto con los números recientes de esos sondeos, que son negativos para el Gobierno, está algo más importante: la tendencia no hace otra cosa que mostrar la creciente irritación de la sociedad contra expresiones que no coinciden con la voluntad de grandes sectores de la población.

Aunque el Presidente tenga sectores sociales que lo apoyen, lo cierto es que esas clases medias urbanas a las que despectivamente hace referencia el Vicepresidente, se sienten incómodas con la vulneración de unos resultados que reflejan una decisión popular. 

El Presidente y su entorno deben dejar de darse felicitaciones mutuas para entender que la demanda ciudadana de exigir el respeto al voto del 21 de febrero de 2016 no amainará y que por ello deben aceptarla, dejando que un sucesor de Evo se presente a las elecciones de 2019.