Los cambios políticos en la región han suscitado un debate relativo a la responsabilidad de los gobiernos populistas, progresistas o de izquierda, como quiera llamárseles, a los que de manera recurrente les están sucediendo gobiernos de derecha y ultraderecha. Estos últimos han conquistado  mayorías electorales levantando, entre otras, una agenda anticorrupción como caballo de Troya para destruir los logros democráticos, tal como está ocurriendo en el Brasil con un gobierno ultraderechista.

La democracia también sufre retrocesos en países donde  gobiernan partidarios del “socialismo del siglo XXI”, como Venezuela y Nicaragua. En Bolivia también hay voces críticas y disidentes, especialmente a partir del giro gubernamental contra los pueblos indígenas del TIPNIS y  en  favor del llamado extractivismo. La defensa del 21F, es decir de la legalidad democrática, es otro hito que refleja el cambio en curso.

Dos asuntos llaman mi atención: la democracia y los derechos humanos como temas de importancia estratégica para el país que queremos construir. Al  primero se la trata principalmente en su arista electoral y al otro de manera instrumental. En esa reflexión, quedan fuera las respuestas sobre el papel de la izquierda realmente existente y en particular la que gobierna en la actualidad. ¿Cuál ha sido su contribución?

En el primer caso destaca la relación ambivalente con la democracia. En tiempos de dictadura, distintas expresiones de la izquierda impulsaron su caída, pero una vez en el poder se puso en evidencia el déficit democrático de sus prácticas y procedimientos. La institucionalidad sigue siendo una tarea pendiente.

La levedad con la que se evalúa a la izquierda durante la última década es retratada en una reciente entrevista con un exfuncionario de Gobierno que muestra la ambigüedad de quienes defienden al gobierno del MAS como el mejor gobierno de la historia -tarea que habrá que dejar a los historiadores- a la vez que lo acusan de haber torcido el camino debido a una especie de borrachera por el poder.

Afirman esos personajes que fueron engañados, sorprendidos o defraudados por el surgimiento repentino del autoritarismo del Presidente y tienden a reivindicar su papel como el de correctos aunque fracasados militantes.

El problema, si hubiera alguno, se reduce a un rasgo de personalidad. Esa mirada no cuestiona el  caudillismo que fomenta figuras consideradas providenciales, emulando la experiencia cubana en desmedro de liderazgos dialogantes y se refuerza con el maridaje entre la herencia populista con el marxismo autoritario, esta vez condimentado de pachamamismo.

Sobre todo es necesario poner bajo la lupa la adhesión instrumental a los derechos humanos.

Hace poco, un señor de apellido García Linera decía que la entrega a Italia, por cierto ilegal, de Cesare Battisti, juzgado por terrorismo en su país, era el primer acto “contrarrevolucionario” del gobierno de Morales.

Él y otras voces que reclaman consternadas dentro del MAS, no  dijeron esta boca es mía frente a los hechos de Chaparina, a los asesinatos del Hotel Las Américas o a la detención del exprefecto  Leopoldo Fernández, para citar algunos ejemplos.

El relativismo  frente a la universalidad de derechos no es exclusivo de los masistas, forma parte del sentido común de cierta izquierda que  calla cuando se vulneran los derechos de quienes piensan o actúan diferente. Es más, está en el ADN del sistema político.

La filósofa Judith Butler  habla de esa tendencia como una de las amenazas contemporáneas más grandes al ejercicio de los derechos humanos. Hay cuerpos, dice, que no merecen ser llorados. Hace esa afirmación refiriéndose a los presos de Guantánamo, luego del ataque a las Torres Gemelas, pero es muy pertinente para el caso que nos ocupa.

La presunción de inocencia en Bolivia  se ha erosionado y una parte de la izquierda, a pesar de haber sufrido en carne propia la represión durante las dictaduras -no es el caso de muchos masistas- no ha sido capaz de reconocer y actuar abiertamente en favor de las víctimas del campo adversario.

La condescendencia con la que se actúa ante los abusos a “derechistas”, “neoliberales” o “vendepatrias”, con que se estigmatiza a opositores, forma parte de una manera de pensar muy extendida y que no ha sido puesta en cuestión. Los considerados “terroristas”, con o sin pruebas, forman parte de la legión de cuerpos que no merecen ser llorados en  público, sin poner en riesgo su propia integridad. No sólo eso, las víctimas de las dictaduras no han merecido la consideración del Gobierno. La Comisión de la Verdad es un chiste. El debate sobre la democracia y los derechos humanos, el vínculo entre ambos y las instituciones para su aplicación  son una asignatura pendiente para el futuro Gobierno, pero sobre todo para la sociedad.