Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 19 de enero de 2019
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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Al margen de la enorme expectativa nacional e internacional que significó la repatriación de Battisti que luego de huir durante 37 años por Francia, México y Brasil; interesa apreciar las repercusiones al interior del partido oficialista, exautoridades, activistas de izquierda e intelectuales que han manifestado su desaprobación y malestar frente a la expulsión el pasado domingo 13 de enero; en razón a que se habría actuado en contrasentido con los ideales y la moral revolucionaria socialista. Más aún si tomamos en cuenta que la misma se da desde un Estado que comparte principios ideológicos con el repatriado ultraizquierdista; constituyéndose en una decisión políticamente equivocada, que ha generado desazón en los círculos de la izquierda nacional y mundial sobre el actuar contrarrevolucionario del gobierno.
Las voces disonantes de los denominados radicales del MAS, consideran que Romero traicionó los preceptos ideológicos, anteponiendo los intereses del Estado por encima de los ideales revolucionarios; por lo que ya no es digno de confianza y debería renunciar al cargo. Por su parte, los denominados pragmáticos respaldan la deportación, argumentando un ingreso ilegal a Bolivia; la existencia de alerta roja de interpol; además de afirmar que la Ley y la justicia no se las construye con ideologías y simplemente deben ser respetadas y cumplidas. Aspecto que evidentemente puede ser cuestionable no solo por ser un contrasentido de un gobierno que se dice de izquierda, sino principalmente en virtud a las múltiples muestras de incongruencias, a los que nos tiene acostumbrados esta administración, respecto al cumplimiento del marco jurídico constitucional.
Al parecer, la decisión gubernamental responde a intereses coyunturales de la política externa -que vislumbra momentos críticos para el populismo latinoamericano-; ajenos a debates de orden ideológico, jurídico constitucional o quizá, detenernos a evaluar la posible vulneración de derechos. La administración de Morales optó por evitar abrirse nuevos flancos de conflicto no sólo en el ámbito nacional en momentos en que busca una reelección en octubre, sino también en el escenario internacional, principalmente con el vecino país del Brasil -referida a la renegociación de la venta de gas- y la Unión Europea.
Lo cierto es que el reciente incidente no solo ha generado polémica y contrasentido de posicionamientos político-ideológicos al interior del partido gobernante, aflorando divergencias entre sectores y grupos conservadores y emergentes, que tras enfrascarse en entredichos, vienen ahondando el descontento y el ejercicio discrecional del poder ajeno a la consulta y el consenso político de sus propias bases; además de evidenciar divisionismos y posturas confrontacionales por alcanzar espacios de decisión partidaria, al margen de no comulgar plenamente con posturas asumidas por los intocables, imprescindibles y cercanos al presidente. De ahí que el descontento y malestar reflejado en la ausencia de consensos y acuerdos, sumados a la necesidad de nuevos liderazgos, representan las tareas pendientes que la cúpula dirigencial no ha resuelto favorablemente en estos ya trece años de gobierno y a más 31 años de fundación del MAS-IPSP, cuyo caudillo insustituible es Evo Morales.