Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 18 de enero de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Pidió decir su verdad. El diputado José Carlos Gutiérrez, salió a desmentir las declaraciones de la ministra de Comunicación, Gisela López, que aseguró en una entrevista con EL DEBER, que "el MAS no pagó ni difundió ninguna encuesta ilegal". Para el demandante ante el TSE, la autoridad sigue sin responder quién hizo el pago y trata de confundir a la opinión pública, al diferenciar al Gobierno del partido oficialista, siendo que son lo mismo.
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- ¿Se respondieron a sus cuestionamientos por la publicación?
Quiero desacreditar todo lo que dijo. En primera instancia, no estamos refutando la encuesta como tal, ni lo aspectos técnicos, sino la difusión. La difusión está prohibida en el artículo 135, de la ley 026 del Régimen Electoral, específicamente en el inciso b que dice: “la difusión de estos estudios de opinión en materia electoral son prohibidos si son encargados por entidades estatales de cualquier nivel o financiados con fondos públicos”. Es decir, es la difusión la que se prohíbe y la que se sanciona. En este caso, bajo las propias palabras de la ministra López, fue el Gobierno el que lo difundió. Ese es el delito. Ella miente cuando dice que el MAS no ha pagado, porque Gobierno y partido oficialista son lo mismo.
- La ministra negó la ‘promoción’ y habló de información, ¿toma como válido el argumento?
Reitero, el problema no es la encuesta y su contenido, el delito está en el uso de recursos públicos para su difusión. Si no contrataron CiesMori, tal como dijo la ministra López, nos tienen que decir quién lo autorizó. ¿Ellos tenían la autorización? ¿Van a responsabilizar a Mori? El Gobierno la dio a conocer, es decir el MAS, ahora la sanción es la suspensión de la personería jurídica del responsable.
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- Al TSE le tomó tres días el tratamiento de esta demanda, que hizo a fines de diciembre, ¿A qué atribuye la demora?
A presiones políticas. Pero si el TSE no sanciona, dejará un precedente nefasto. Se tiene que sancionar, como se hizo con UD Beni, en 2015. Este no es un delito electoral, es penal.
- En su demanda, usted cita artículos de la ley electoral que señalan que el responsable de inducir al voto tendría privación de libertad e impedimento de ejercer funciones públicas, ¿Se refiere a López?
No se ha aclarado. En ningún momento el Gobierno precisó que Ministerio pagó la encuesta. Nos hacen suponer que es ella (López) la responsable. Pero eso no es preciso. Ella está poniéndole el pecho a las balas y sale a victimizarse. Pero todavía no sabemos si la persona natural y jurídica que pagó, es en realidad un individuo o una entidad. Nadie salió a aclarar esto. Que quede claro, quiero desmentir a esta señora en base a la ley. Nunca nos aclararon nada. No lo sabremos hasta que nos muestren la factura.
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