Entre las recomendaciones, además de pedir sanciones para el gobierno boliviano, pide la paralización definitiva del proyecto de carretera por el Tipnis; la derogación de la Ley 969 de agosto del año 2017, que anula la intangibilidad del territorio indígena. También plantea la adopción de medidas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del Tipnis y la consolidación territorial y la autonomía del Territorio Indígena Multiétnico en el Bosque de Chimanes, lo que permitiría el control y gestión integral con el Tipnis. El documento incluye también observaciones a los intentos de explotar hidrocarburos en la zona.

El informe de la comisión, que visitó el Tipnis el año pasado, también pide la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos el año 2011 en Chaparina. Recordemos que ese año los pueblos y comunidades indígenas de tierras bajas del oriente protagonizaron una marcha desde la ciudad de Trinidad, Beni, rumbo a La Paz, en una movilización que rechazaba la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, trazo que pretendía pasar por el corazón del territorio indígena.

Lamentablemente, la marcha fue intervenida y gasificada por efectivos policiales y militares, dejando unos 70 heridos por golpes. Fueron maniatados hombres y mujeres; amordazados, y subidos a golpes a buses. Dieron la vuelta al mundo las imágenes de videos logradas por algunos policías y personas de la región mostrando el extremo contra los indígenas. Esta situación motivó que se libere a los detenidos y que la marcha continúe hasta llegar a la sede de gobierno luego de 60 días de caminata. El gobierno retrocedió en su afán de construir la carretera y la Asamblea Legislativa aprobó una ley que preservaba el Tipnis y declaraba la intangibilidad del territorio indígena.

Pasada la movilización, el gobierno desconoció sus compromisos hizo derogar la ley de intangibilidad y dio inició a la construcción de la carretera. Ante los reclamos de los indígenas y de la comunidad nacional, llegó una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que analizó los impactos que causaría una carretera, y llegó a la conclusión de que el “Estado Boliviano ha incumplido con su obligación de respeto, protección y conservación de la Madre Tierra”. “La comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal a sancionar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los Derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos que le reconocen como sujeto de derechos”, dice el texto.

Los miembros de la comisión estuvieron en Bolivia en agosto de 2018 para visitar el Tipnis, sin embargo, durante su presencia fueron descalificados por autoridades de Gobierno y se les impidió el ingreso al Polígono Siete, que es el sector del parque nacional donde se instalaron colonizadores productores de coca. La comisión también alertó que se ha generado una crítica situación de sobrevivencia cultural, en la cual los indígenas deben mimetizarse en la dinámica de producción de coca y su afiliación al sindicato, la venta de mano de obra o la migración.

Se indica también que, según datos de 2018, la tasa de pérdida de bosque en el Polígono Siete controlado por colonos cocaleros es ocho veces más alta que en el resto del Tipnis y el doble que en toda la Amazonía boliviana. En este sentido, la comisión alertó que la construcción de la carretera podría ampliar el modelo de los colonizadores cocaleros y su lógica de producción.