El secretario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Franco Albarracín, que ayer junto a un grupo de activistas dejó el citado informe en la Casa Grande del Pueblo, explicó que la organización ahora espera que el presidente Evo Morales haga conocer su criterio sobre las recomendaciones de la comisión que en agosto de 2018 instaló audiencias públicas en el TIPNIS para escuchar la denuncia de los indígenas.

Esta comisión identificó, según su informe, "daños ambientales por deforestación y persecución a indígenas por la  defensa de su territorio".

"No tiene valor para nada. El único valor que tiene es para cobrar sus emolumentos jugosos seguramente de parte las transnacionales a las que responden", dijo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a la estatal radio Patria Nueva.

Agregó que su despacho envió a esa comisión documentación y videos que revierten esa impresión y que, por el contrario, muestran que Bolivia es uno de los pocos países que respeta y defiende los derechos de los indígenas.

"Cuatro piratas que forman parte de ONG's no van a venir a calificar el proceso boliviano, un proceso que es un ejemplo mundial en materia de reconocimiento y efectivización de derechos de todos los indígenas", dijo, según el portal Oxígeno.

El informe de 44 páginas –presentado el miércoles en línea en la APDHB, por Alberto Acosta (Ecuador), Enrique Viale (Argentina) y Shannon Biggs (Estados Unidos)– señala que se afectan y se afectarán aún más los derechos de la Madre Tierra, entre ellos el "derecho a la vida y a existir; derecho a ser respetada; derecho al agua como fuente de vida; derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; así como el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados".