Una de las principales propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que defienden el voto del soberano y la Constitución era que los partidos que participan en las elecciones primarias, dejen de lado sus ambiciones personales y conformen un bloque unitario, un frente único para enfrentar la candidatura ilegal de Evo Morales en las elecciones generales de octubre de 2019. El hecho se quedó en un simple propósito.

Sobre esta intención no aceptada, el presidente del Comité Cívico, Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, afirmó que los movimientos cívicos y el Conade no pueden exigir a los partidos, porque eso iría en contra de su derecho democrático.

Sin embargo, Cuéllar expresó que con esta resolución se “tiende los puentes necesarios y la apertura suficiente para que ellos (los partidos), en el transcurso de su voluntad política puedan realizarlo (el bloque único) de manera voluntaria”.

En la reunión estuvieron presentes Carlos Mesa (CC), Víctor Hugo Cárdenas (UCS), Israel Rodríguez (FPV), Oscar Ortiz (Bolivia dice No), Virginio Lema (MNR) junto a sus postulantes a la vicepresidencia, además la representación del PDC del candidato Jaime Paz Zamora.

La cumbre emitió una resolución de nueve puntos, en la cual predomina la demanda de respeto al referendo del 2016 y la democracia.

En el documento, los participantes de la reunión se comprometieron de manera conjunta a defender la democracia, el Estado de Derecho, la independencia e poderes, la Constitución y los derechos humanos.

También denunciaron y rechazaron unánimemente la candidatura en las elecciones generales de este año del binomio oficialista, por considerarlo ilegitimo, anticonstitucional, ilegal y antidemocrático.

Para las primarias, los partidos se comprometieron a “participar de manera simbólica y establecer estrategias para cumplir con el voto mínimo imprescindible y los requisitos para la habilitación a la elecciones generales”.

También los asistentes acordaron pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales, para evitar llegar a los hechos ocurridos en Venezuela y Nicaragua.

Esa petición debe tomar en cuenta: el respeto a la Constitución, al 21F, la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral constituido por personas notables, auditoría de un padrón electoral, supervisión de los procesos electorales por organismos internacionales.

También pedirán que el sistema interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana se manifieste con carácter de urgencia, respecto a la interpretación del artículo 23 del San José, en la cual se basa el MAS para justificar la reelección.

Los partidos prometieron que, en caso de ser elegidos, respetarán el artículo 168 de la Constitución, conforme al mandato del 21f, y la anulación de la sentencia constitucional 084/2017.

También buscarán crear las condiciones electorales para competir en igualdad de condiciones y rechazar el uso de los bienes del Estado en campañas. En ese sentido exigieron que el TSE sancione la difusión de una encuesta favorable al MAS, al igual que hizo en 2015 con Unidad Demócrata Beni.

Se decidió constituir una comisión de coordinación y seguimiento el cumplimiento del presente acuerdo.

Por último, se exigió la inmediata liberación de los presos políticos existente en Bolivia y la restitución de los derechos fundamentales de la de los perseguidos políticos.