La realización de votaciones por binomios sin competidores, este próximo 27 de enero, alienta la ilusión de la jefatura del MAS de que avanza su plan de reelección forzosa, impunemente y sin mayores costos.

Hay demasiados motivos para pensar que se trata de una impresión más falsa que las mal llamadas elecciones primarias, que ya perdieron la cualquier posibilidad de servir como un escenario para crear la impresión de que el binomio oficialista se fortalece con la forzada concurrencia de los miles que, obligados por la necesidad de mantener su empleo, o cualquier otra ventaja que pudo servir para inscribirlos, votarán en ese espectáculo, por el binomio gubernamental.

Las organizaciones que se dieron cita el 7 de enero en Santa Cruz, con la participación central del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), han reafirmado su decisión de echar a andar acuerdos, capaces de enfrentar eficazmente la marcha del aparato desplegado para imponer la reelección. Sin embargo, la plataforma que han pactado deja pendientes interrogantes sobre su capacidad para canalizar el descontento social que implacablemente está minando el sustento del régimen y su convocatoria electoral.

Esa agenda combina un llamado a los partidos para que se sumen a la resistencia; una invocación para suspender las huelgas de hambre, e iniciativas para abrir espacio a la participación de organizaciones sociales y otros que incluyen la demanda de renuncia de los miembros del TSE. Cada uno de esos puntos y los encuentros programados esta semana con partidos políticos y la próxima con organizaciones sociales, atienden cuestiones necesarias, pero no aportan la claridad suficiente para recuperar una tendencia que vigorice la movilización ciudadana que se ha mostrado como la única capaz de enfrentar exitosamente la estrategia oficial.

La demanda de la renuncia de los vocales del tribunal supremo electoral (TSE) está mezclada, y por momentos confundida, con cuestiones organizativas (los encuentros) y de otra índole, con lo que se diluye su capacidad movilizadora, en un momento en que la suma de defecciones legales e inconsecuencias del TSE hacen que resulte inocultable, incluso para una importante franja de electores afines al oficialismo, que estamos frente a un árbitro inútil, entregado y carente de cualquier confiabilidad.

El TSE suma hoy toda la ilegitimidad, ilegalidad e indignidad de su inmediato antecesor, el que tuvo que ser desahuciado y desechado, aun por sus propios patrones, ante las dimensiones de su descrédito.

La claudicación democrática que supone una ley de organizaciones políticas  excluyente y restauradora del monopolio de la representación política, en favor de los partidos; la instrumentalización de elecciones primarias sesgadas en favor de una ilegal e ilegítima reelección y, ahora, su furiosa lucha intestina disputándose cargos y espacios, inclusive en las áreas más sensibles de manejo técnico, impone reconocer el colapso del TSE y su completa incapacidad de dirigir cualquier proceso eleccionario.

La revocatoria de los miembros del TSE es en este momento un punto central de convergencia de la resistencia a la reelección, que necesita acompañarse de una propuesta para elegir a sus reemplazantes, de manera que el Ejecutivo –mediante su brazo Legislativo– no impongan a dóciles funcionarios para que simplemente sigan sus instrucciones.

La lucha por la remoción de los vocales del TSE abarca el cuestionamiento del modelo que ha defraudado la demanda de democratización de los altos tribunales, incluyendo al constitucional (TCP) y el de justicia (TSJ). Las antidemocráticas elecciones de los dos últimos obligan a votar, pero no permiten elegir, y atropellan y burlan la decisión ciudadana expresada a través de los votos nulos y blancos. Con elección o sin ella, se mantiene el mecanismo de partidización absoluta que supone el nombramiento directo, o de candidatos, por parte del Legislativo.

Comenzando con el TCP que desconoció y manipuló la Constitución y concluyendo con el TSE, herramienta ciega para imponer la reelección, la caída de los tribunales del régimen es la cuestión central para recuperar las libertades y la vigencia de la Constitución.