El principal argumento es que el 2014 la concejala se comprometió y firmó un acuerdo totalmente consciente del “muyu” y de la “rotación” de autoridades, en el marco de la democracia comunitaria, cuando fueron elegidos para ser candidatos, entonces, acordaron realizar una “gestión compartida”.

Aunque el dirigente Manuel Flores reconoce que esta forma de gestión compartida no está en las leyes, insiste que se trata de un acuerdo. “No dice la Constitución, pero dice un acuerdo interno y una sentencia constitucional reconoce este tipo de elección”.

Ni las autoridades ni el pueblo la reconoce como concejala porque renunció el 21 de febrero de 2018, de manera libre y sin presiones sostienen las autoridades originarias que llegaron a ANF, para dar su versión sobre la denuncia de acoso y violencia política que planteó la concejala Choque.

“El 21 de febrero de 2018 renuncia de forma irrevocable en el pleno del Concejo Municipal, renuncia frente a las autoridades en el Concejo y este emite una resolución aceptando su renuncia y remite copia al Tribunal Electoral Departamental”, explica Flores.

También argumenta que la Fiscalía Departamental de La Paz desestimó la denuncia porque no existieron elementos que se sujetan a un caso de violencia y acoso político, “esto debería ser suficiente para que el TED habilite al suplente”, sostiene el dirigente.

Admiten que el Tribunal Electoral Departamental rechazó la solicitud de habilitación al cargo del concejal suplente, para ejercer estas funciones, pero rechazan que Choque siga en el ejercicio de la concejalía.

“Estamos empeñados en que el Tribunal Electoral Departamental ya nomas e inmediatamente vaya a habilitar al concejal municipal suplente, nos amparamos en la Constitución y en la sentencia constitucional”, insistió Flores.

La concejala Choque dijo a ANF que desde noviembre de 2017 ha sufrido acoso y violencia política de parte del concejal suplente, del resto de los concejales que no le permiten ejercer sus funciones, pero también de los dirigentes.

La edil asegura que las leyes le amparan y que ninguna norma reconoce la gestión compartida, es decir, que el titular ejerza dos años y medio y el suplente los otros dos años y medio.

Las autoridades insisten que ella “renunció” y que por esa razón no ejerce las funciones de concejala y si va al Concejo Municipal solo es para visitar a sus compañeros.

Flores niega que exista “persecución, no hay agresión física ni psicológica, no hay hostigamiento, no hay amenaza, no hay presión y todo el cantón Copancara está dispuesto a desmentir esto”.

Otra de las autoridades, Jorge Yapu, afirma que la concejala ya no representa a nadie, porque el pueblo cuestiona que no haya respetado los usos y costumbres o normas y procedimientos propios.

Lamentan que esta situación perjudique al Cantón porque los proyectos están paralizados o postergados. Eso ha enfurecido a toda la gente, incluso ha causado un mal vivir entre las comunidades, se ha terminado al armonía. Esta señora ha roto el equilibrio por su afán de ganar plata de lo fácil”.

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