Dos legisladores de oposición presentaron una denuncia al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público después de que López reveló que el Gobierno fue el encargado de difundir la encuesta.

La autoridad manifestó que las denuncias son "absolutamente falsas" y aseguró que los diputados "buscan cámaras" difamándola.

"No existe ninguna norma que esta autoridad hubiera violado, no he cometido ningún acto contrario a la Ley ni contra la Ley Electoral ni contra los procedimientos normados para el Ejecutivo", dijo López.

Previamente, analistas afirmaron a Los Tiempos que con la publicación se habría violado tres prohibiciones de la Ley 026 de Régimen Electoral y que se sanciona con la inhabilitación del partido y cárcel.

El inciso c del artículo 135 de la ley prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales, o que hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo las realizadas por el Órgano Electoral Plurinacional.

La encuesta, según los entrevistasdos, también vulnera el inciso b, referido a que está prohibida la difusión de encuestas en las que no se identifique claramente a las personas, naturales o jurídicas, que las hayan encargado o financiado.

López salió de la conferencia sin aclarar cuanto se había pagado para la difusión de este espacioa favor de la campaña electoral del presidente Evo Morales.