Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 16 de enero de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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La autoridad encontró en la lucha de las mujeres por igualdad un escudo para protegerse de las denuncias que la oposición planteó en su contra, lo cual es censurable desde todo punto de vista porque distorsiona el verdadero sentido del movimiento por la equidad entre hombres y mujeres.
El candidato presidencial, Óscar Ortiz, y el senador opositor Arturo Murillo plantearon dos demandas penales en contra de López por haber difundido una encuesta, con dinero del Estado, para beneficiar únicamente al candidato del MAS, Evo Morales.
Ese simple hecho ya es irregular porque el dinero del Estado no puede ser utilizado para beneficiar a un candidato, pese a que ese mecanismo se ha normalizado en este gobierno.
Sin embargo, lo más grave del asunto es que la publicación de una encuesta de esa naturaleza, según la Ley Electoral, es causal para cancelar la personería jurídica del MAS y sacar de carrera a sus candidatos para las elecciones generales de octubre próximo, tal como sucedió en 2015, cuando el TSE canceló la personería de Demócratas en Beni y sacó de la contienda electoral a 288 candidatos.
El asunto se agravó porque López reconoció que el Gobierno pagó la encuesta, tal vez tratando de salvar al MAS como partido frente al TSE, aunque la ley se refiere a organizaciones políticas y también a entidades estatales.
La Ley Electoral en su artículo 135 establece que “se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas (…). d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiados con fondos públicos, salvo el Órgano Electoral (…)”.Por tanto, su argumento no la libera de culpas, al contrario, la ubica como la responsable del pago.
En ese marco, Murillo acusa a López de malversación de fondos y otros delitos, mientras que Óscar Ortiz la demanda por uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas.
Ante las denuncias, que se produjeron en el mismo día, López sacó el argumento del machismo. “¿Coincidencia? tres hombres: dos senadores, Ortiz y Murillo, y Molina, el operador político de Mesa, se unen para atacar a una mujer. No provocan miedo. Causan vergüenza ajena. El separatismo y el gonismo pelaron capucha. Van en diferentes fórmulas, pero comparten el mismo machismo”, disparó la ministra en Twitter, que luego lanzó una cadena de trinos en los que no ahorró descalificaciones para sus adversarios.
La victimización es un arma utilizada frecuentemente por el gobierno del MAS, partiendo desde el presidente Evo Morales, que asegura que la derecha no lo quiere porque es indígena.
En la misma línea actúa la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, quien, ante la ola de críticas por los despidos en la institución, dijo sentirse discriminada.
Ahora le tocó el turno a Gisela López, que saca el argumento del machismo para defenderse. La ministra debe comprender que la lucha por la igualdad de las mujeres no puede ser utilizada para fines políticos porque, de esa manera, le hace un flaco favor al patriarcardo verdadero.
Por otro lado, las mujeres no son honestas por el sólo hecho de ser mujeres, sino que, como cualquier persona, pueden cometer actos irregulares.
La ministra López, que dice tener las manos limpias porque sus abogados le indicaron que ninguna ley ha sido violada, debe dejar de escudarse en el factor género y debe responder ante las autoridades por la publicación de la citada encuesta, en la que Evo Morales aparece como el gran ganador de las elecciones generales de octubre de este año.