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Medio: La Patria
Fecha de la publicación: jueves 18 de enero de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Revocatoria de mandato
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Al igual que con el alcalde municipal, Edgar Bazán, diferentes ciudadanos han determinado iniciar este proceso a la espera de la respuesta del Tribunal Electoral, para que tengan la vía libre de iniciar en primera instancia el llenado de libros de firmas antes de que se dé el referéndum revocatorio, sin embargo será la institución electoral la cual vea si es factible esta solicitud para así emitir una respuesta con el detalle de la cantidad de firmas que requerirán recolectar aquellos ciudadanos que presentaron la iniciativa.
Los seis concejales que fueron identificados para su revocatorio son: Jhaneth Ledezma Valencia, José Rojas López e Hilaria Sejas Adriázola, los 3 electos con el Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (Mcsfa); además de Mario Henry Rojas Jiménez del Movimiento al Socialismo (MAS), Denisse Jane Villca Canedo de la Agrupación Inca-FS y Saúl Josué Aguilar Torrico del Movimiento Demócrata Social (MDS), siendo estos concejales titulares, también en el contenido del documento se detalla los nombres de los 6 concejales suplentes a quienes a la par de sus titulares se buscaría revocar.
"La postulación en el marco de nuestro derecho constitucional a la iniciativa ciudadana para promover la revocatoria de mandato en contra de las autoridades concejales municipales de Oruro, es que hemos advertido que en estos dos años y medio de gestión se han presentado una serie de hechos negativos en contra del desarrollo de la ciudad. La obstaculización a un sinfín de proyectos, la falta de emisión de normas que beneficien al desarrollo de quienes vivimos en el municipio ha generado un rechazo total a estas autoridades por parte de la ciudadanía", indica de forma textual la parte del justificativo de la iniciativa de revocatoria presentada por diferentes ciudadanos.
La nota además expresa que los concejales munícipes perjudicaron al municipio con el rechazo del presupuesto reformulado de la gestión 2017, lo que significó, según los 26 ciudadanos, la pérdida de 226 millones de bolivianos que no llegaron a concretarse en obras.