"Estas denuncias que ha presentado la oposición son absolutamente falsas, no existe materia jurídica para cuestionar ni procesar a esta autoridad, cuyos actos han sido llevados en el marco de la ley y las normas", afirmó en un pronunciamiento en el que no aceptó preguntas.

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Dos denuncias por presuntamente haber cometido cuatro ilícitos pesan sobre la autoridad, que mediante su cuenta en Twitter admitió, la semana pasada, que fue el Gobierno el que financió la publicación de una encuesta de intención de votos en medios de comunicación, que muestra una tendencia a favor del presidente Evo Morales, para las elecciones generales de este año.

La autoridad aseguró que se realizó un análisis "exahustivo" del caso y que se descartó que se hubiera ido contra la norma electoral en el país y consideró que hay dos objetivos detrás de los procesos que le iniciaron: "uno fijado en el proceso eleccionario y otro acaparar la atención mediática".

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En la víspera el senador Arturo Murillo, presentó una denuncia por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos; uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y la inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta, mientras que el candidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, junto a su acompañante de fórmula, Edwin Rodríguez, sumaron otra querella por los mismos supuestos delitos.

El 16 de diciembre algunos medios de comunicación impresos difundieron, como espacios solicitados, una "intención de votos" favorable al jefe de Estado, aspecto que según la oposición va contra del parágrafo III del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral. Instan que se le quite la personería jurídica al MAS, tal como sucedió con UD en el Beni en 2015.