Desde 2013 hasta abril de este año, 45 casos por acoso político hacia las mujeres y 8 por violencia política llegaron a estrados judiciales, informó la Coordinadora de la Mujer.

Según datos del Consejo de la Magistratura, la mayoría de los 45 casos de violencia política están en los departamentos de Chuquisaca, con 23; Oruro, con 17; Santa Cruz, con 3; y Potosí con 2 casos.

Del total de procesos por violencia política, 4 se ventilan en Santa Cruz y 3 en Oruro.     

La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada el 28 de mayo de 2012, fue elaborada tras el asesinato de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, quien apareció muerta con signos de haber sido estrangulada. Hasta ahora no hay una sentencia.

Según la ley, se entiende acoso político "al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos".

La violencia política, por otro lado, se "se entiende -según ley- por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - publica; o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos".

El 13 de octubre, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) informó que desde enero hasta octubre de este año se registraron en Bolivia al menos 47 denuncias de acoso y violencia política contra concejalas.

La directora ejecutiva de Acobol,  Mónica Novillo,  planteó cambios fundamentales en los partidos políticos porque se constituyen “en las instancias menos democráticas del sistema de representación”. Ahí, dijo, es donde “se toleran todavía situaciones de violencia, discriminación y acoso político contra la mujer”.

Insistió además avanzar en la participación política de las mujeres y ve una oportunidad en la próxima Ley de Organizaciones Políticas, cuyo proyecto aún está en discusión entre diferentes actores políticos. (29/10/2017)