La publicidad y la propaganda son necesarias y hasta imprescindibles para dar a conocer y promover venta para uso o consumo de productos que precisa la población, para dar a conocer la calidad de lo ofrecido al mostrar sus bondades y siempre que todo haya sido sometido a estudios y establecer si efectivamente la población lo necesita; pero no es lo mismo con la propaganda sobre actos del gobierno de turno, de autoridades que solamente quieren que se conozca lo que han hecho o están en proceso de hacer; para mostrar que, conforme a presupuestos debidamente estudiados, se tiene proyectado realizar en beneficio del país.

Sin embargo, contrariamente a todo principio de sana economía, el régimen del MAS aprueba presupuestos para todo lo que convenga a los intereses partidarios y mucho más en razón de la campaña electoral que se realiza a favor de la reelección de candidatos que aspiran a un cuarto mandato. Una información da cuenta que “el gobierno dispone de 1 millón y medio de bolivianos para gastos en propaganda electoral”. Según noticia publicada en la prensa: “El 13 de diciembre el Presidente se reunió con funcionarios públicos responsables de las unidades de comunicación de las gobernaciones y alcaldías a cargo del MAS e informó que diseñaron una estrategia de campaña electoral en las redes sociales para garantizar su reelección en las elecciones presidenciales 2019” (ED 31/12/18).

Al aprobar el Presupuesto, se indicó que el monto destinado para propaganda gubernamental está fijado en “527 millones de bolivianos”. Monto que, en el entendido de personas que saben de gastos en que podría incurrir el gobierno en el anuncio de sus comunicados, documentos, leyes y decretos y planes que tenga para realización de obras, jamás se podría concebir que se gaste tanto dinero como el anotado.

Muchas veces se ha criticado el excesivo gasto en publicidad y propaganda; se ha sostenido que tanto en tiempos de auge como los vividos hace años, como en los de crisis como la que vivimos, la austeridad debe ser norma y conducta de las autoridades y, si el partido de gobierno y sus candidatos tienen que hacer propaganda electoral que la hagan, pero recurriendo a su propio peculio y a lo que, se supone, tiene el partido de gobierno; no hacerlo recurriendo a los presupuestos nacionales, cuyos montos han sido fijados con miras a realizar obras y atender las necesidades de una buena y sana administración del Estado.

Nunca se debe utilizar dineros del país en propaganda o publicidad electoral o que sea de interés partidario; hacerlo implica despilfarro y malgasto de lo que se debe cuidar como bien del país y del pueblo. Un elemental sentido de prudencia y honestidad debería obligar a que no haya excesos en las propagandas electorales porque igualmente los votantes emitirán su voto por quien crean conveniente.